El grupo de VOX en el Parlament de Cataluña ha registrado dos propuestas de resolución en las que insta al Gobierno de la Nación a aplicar el artículo 155 e iniciar acciones penales por presunto delito de desobediencia contra el Consejero de Educación Autonómico, si constata que la Generalitat no ejecuta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada por el Tribunal Supremo, que establece la obligación de la Generalidad de Cataluña de garantizar que se imparta al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo catalán.
«La ciudadanía está harta del atropello de la Generalitat al español, lengua propia también de los catalanes. Un tesoro que hablan más de 500 millones de personas en el mundo y del cual debemos estar orgullosos», ha manifestado el portavoz de VOX en el Parlament, Joan Garriga.
El diputado considera que la situación actual viene producida por la dejadez de los sucesivos gobiernos del PP y PSOE, que ha provocado que varias generaciones no hayan podido estudiar en español en Cataluña. “Es inadmisible que, en una parte de España, miles de niños no puedan aprender a leer y escribir en su lengua materna porque unos políticos sectarios se lo nieguen».
«Desde VOX daremos la batalla para que se cumpla la sentencia, pero iremos más allá cuando gobernemos o condicionemos gobiernos: estudiar en español es un derecho y será una realidad», ha asegurado.
En las iniciativas presentadas, la formación considera que la flagrante desobediencia del Gobierno de la Generalidad a las resoluciones judiciales ha sido una constante durante los últimos 30 años, en gran medida por la falta de acción, dejación de funciones, y política de pactos de los Gobiernos de PP y PSOE con los partidos separatistas catalanes
Ello ha desembocado en que el español sea marginado y arrinconado en Cataluña, hasta el punto de que tienen que ser los Tribunales de Justicia los que una y otra vez se pronuncien sobre la discriminación y vulneración de derechos lingüísticos en las escuelas dé Cataluña.
Por ello, además de la propuesta dirigida al Gobierno de la Nación, la formación ha presentado una propuesta dirigida al Govern de la Generalitat para que requiera a los centros de enseñanza el inmediato cumplimiento a la sentencia con los apercibimientos legales que resulten oportunos en caso de incumplimiento o desobediencia.
