05 noviembre, 2018
Madrid, 5 de noviembre de 2018.- Santiago Abascal ha anunciado esta mañana que la plataforma de VOX «España Viva” convoca a todos los españoles a sumarse a una gran concentración en la plaza Colón de Madrid el próximo sábado 1 de diciembre a las 12:00 para evitar que Pedro Sánchez negocie con Quim Torra los indultos a los imputados por el golpe separatista del 1 de octubre.
“El golpe de estado ha trasladado su residencia del palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. Es ya evidente que el Gobierno está maniobrando para impedir que los golpistas reciban la condena que merecen e incluso que el Gobierno está orquestando un gran complot para indultarles”, ha afirmado durante la rueda de prensa realizada en las puertas del Tribunal Supremo tras la presentación del escrito de acusación de VOX como acusación popular contra los golpistas para el juicio que se celebrará en los próximos meses.
Santiago Abascal además ha explicado que invita a sumarse al resto de partidos políticos constitucionalistas que quieran frenar el avance de los separatistas que permite Pedro Sánchez: “VOX no va a permitir la impunidad de los golpistas. Ni VOX ni el resto de los partidos democráticos deben permitirlo. En consecuencia llamamos a todos los españoles sin distinción de siglas, ni de ideologías, ni de lugar de residencia a una gran manifestación nacional para el próximo 1 de diciembre en Madrid a través de la plataforma España Viva que invita a todos los partidos, también al PP y Ciudadanos y a sus principales líderes a intervenir y a liderar esa gran movilización», ha explicado el presidente de VOX.
Presentación del escrito de acusación
VOX pide 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos y las mismas penas por los mismos delitos para los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Así lo han explicado Javier Ortega, secretario general de VOX, y Pedro Fernández, Vicesecretario jurídico, durante la rueda de prensa. Ambos han enumerado los delitos y los argumentos que ha utilizado VOX para sostener sus peticiones que casi triplican las penas que solicitaron el pasado viernes la Fiscalía en el caso de Junqueras y muy superior a los doce años que reclamó la Abogacía General del Estado. En total, VOX pide para los acusados más de 700 años de cárcel.
Además, para los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó, y Santiago Vila, los abogados de VOX solicitan en su escrito de acusación 24 años de prisión para cada uno de ellos y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.
VOX solicita además que los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean condenados a 62 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal. VOX acusa a ambas entidades separatistas de “favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable”, promoviendo para eso “una intensa y violenta movilización ciudadana”. De estos hechos responsabilizan directamente a los expresidentes de ambas organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y acusan a ambos de llevar años “alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana”.
La misma pena y por los mismos delitos piden para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell y así como el pago de una multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, por un delito continuado de desobediencia, al considerar que tuvo “una participación medular, desde los primeros momentos del proceso de independencia”.
Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas “leyes de desconexión”, Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, VOX pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años, al estimarles autores, a cada uno de ellos, de un delito de organización criminal, y otro continuado de
desobediencia.
Con VOX, ha subrayado Javier Ortega “no existen presiones ni amenazas ni componendas, estamos decididos a derrotar a los golpistas”.
En su escrito, VOX basa estas acusaciones en que los políticos en prisión promovieron una consulta popular “vinculante” que suponía “un claro intento de subvertir el orden constitucional”, a fin de “desintegrar la unidad territorial del Estado” y se califican los hechos ocurridos durante las semanas previos y posteriores al 1 de octubre de 2017 como un “ataque subversivo contra el orden constitucional vigente”, dirigido por “los ahora procesados”, a través del uso de “la violencia” y utilizado a las “masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español”.
El escrito de acusación de VOX califica el referéndum ilegal del 1 de octurbe de “estrategia golpista para continuar manteniendo una falsa esperanza de independencia entre aquellos ciudadanos que luego emplearán la violencia para intentar culminar el proceso”, utilizando para ello, un “mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental”.
A los políticos separatistas catalanes en prisión les culpan de “lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español”, saltándose a los tribunales y a la Constitución.