Ignacio Blanco: “El cierre de la justicia es inexplicable. Una cosa es la suspensión de plazos y otra que no se esté adelantando trabajo en los juzgados asturianos”

“Insto a la consejera de Presidencia a que destine los 4,8 millones de euros del Programa Emigración Asturiana, Consejo de Comunidades Asturianas, Cooperación al Desarrollo y Memoria Democrática para atender la emergencia sanitaria, social y económica”
El portavoz y diputado de VOX en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, ha criticado esta mañana en la comparecencia de la consejera de Presidencia en el Grupo de Trabajo de seguimiento de COVID-19 “el cierre de la justicia, salvo casos excepcionales durante el estado de alarma, que obliga a abogados y a procuradores a realizar los trámites de forma telemática cuando además, y pese a los esfuerzos de la administración a digitalizarse, el sistema falla”.
El portavoz ha lamentado que en esta situación “hemos descubierto que un país puede vivir con sus tribunales cerrados, pero no sin sus quioscos. No me explico cómo han dejado que se degradaran tanto las instituciones. La situación de los juzgados demuestra una falta de anticipación por parte de la administración de Justicia, porque una cosa es la suspensión de plazos y otra, que no se esté adelantando trabajo que es lo que está ocurriendo”.
Asimismo, ha preguntado a la consejera por las partidas presupuestarias que tiene previsto trasladar a Hacienda para la reasignación de gasto destinadas a atender la situación de emergencia sanitaria, social y económica. Ante la falta de concreción, Blanco ha propuesto a la titular de Presidencia que “ponga a disposición de los asturianos, los 4,8 millones de euros que corresponden al Programa Emigración Asturiana, Consejo de Comunidades Asturianas, Cooperación al Desarrollo y Memoria Democrática”.
Por último, el portavoz se ha interesado por los protocolos llevados a cabo por la consejería de Presidencia para dotar de medios de protección a funcionarios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras los graves problemas que ha encontrado y encuentra el personal sanitario y sociosanitario para acceder a los Equipos de Protección Individual (EPIs) frente al COVID-19.