El Grupo Parlamentario VOX en Aragón se ha abstenido en el debate y votación sobre la convalidación del Decreto Ley de medidas urgentes del Gobierno.
Así lo ha señalado en su intervención el portavoz de VOX en Aragón, David Arranz. «En el Decreto hay medidas necesarias de agilización de pagos a PYMES o autónomos, o anticipo de pagos a Entidades Locales a las cuales no nos podemos oponer, pero hay medidas que no pueden recibir nuestro voto favorable» ha señalado.
Así, la agilización y simplificación de los expedientes de gasto no se pueden convertir en un cajón de sastre para tramitar expedientes sin control previo del gasto por la Intervención. Además, aunque no haya un control a priori de la Intervención, debe establecerse un control eficaz excepcional al margen y adicionalmente al de la Cámara de Cuentas.
Por otra parte, no se explica qué tipo de subvenciones van a darse en medio de la crisis. Su otorgamiento y control se apartan del régimen general de control.
Además, la adjudicación de contratos, directa y sin publicidad del articulo 21, creemos que no tiene justificación, pues resulta grave en términos de respeto a la ley y al principio de concurrencia competitiva entre posibles beneficiarios.
Posible inconstitucionalidad
En nuestra opinión, el artículo 35.3 es inconstitucional, por regular legislación mercantil que es competencia del Estado. Y de dudosa legalidad porque exonera a un administrador de su responsabilidad por daños que produzca a terceros. No se dice que, en tal caso, responderá el consejero que ha dado la orden o instrucción (que sería lo lógico, pero obviamente no se señala).
No puede ser que la Administración dé órdenes a sus representantes en las sociedades que pueden producir daños, y ella misma diga que se exonera de responder de dichos daños. Esto es algo que nos parece grave.
Sin control presupuestario, y sin control político, es una carta blanca al gobierno que no podemos admitir.
En resumen, VOX en Aragón, aun reconociendo lo especial de la circunstancia que vivimos, cree que la situación de emergencia no exonera del cumplimiento de la ley y de la obligación de responder ante los ciudadanos. Ésta es la razón de nuestra abstención a la convalidación del Decreto Ley de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma.
