Los últimos datos económicos y laborales que nos deja el Gobierno criminal y su nefasta gestión de la crisis del COVID son aterradores para toda España. Concretamente, en Cataluña, sólo en 2020, más de 138.500 personas han perdido el empleo, a las que sumamos los más de 200.000 catalanes que se encuentran en ERTE. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año informa que al menos 506.600 trabajadores están en paro en la región catalana, lo que supone el 13,23% de la población activa. Datos que no auguran una recuperación económica a la vista, y mucho menos, una situación de bienestar, tranquilidad y libertad para las familias catalanas.
El Gobierno de la ruina presentó los Presupuestos Generales del Estado, pactados sin pudor con los enemigos de los trabajadores españoles, y destina 1.175.413,64 millones de euros a las Comunidades Autónomas para la gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo (empleo y formación).
Por ello, nuestros Diputados por Barcelona, Ignacio Garriga y Juanjo Aizcorbe, plantearán la pregunta siguiente al Gobierno: ¿qué parte de todos estos millones irá destinada a manos de la Generalitat golpista? Nuestra preocupación está justificada desde el momento en que la Comunidad Autónoma catalana está siendo gobernada por una casta separatista que utiliza el dinero público, pagado de los impuestos de todos los catalanes y del resto de españoles, para alimentar el proyecto separatista, y no para ayudar a decenas de miles de familias, autónomos, pequeños empresarios de hostelería, estética, gimnasios, moda… obligados a echar el cierre.
