El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión de Economía para conocer los términos del pacto entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la utilización del superávit de los ayuntamientos.
Para el concejal, este acuerdo, adoptado solo con el voto favorable de los municipios socialistas, la abstención de Podemos y el voto en contra del resto de representantes municipales presentes en la federación “provoca más motivos de inquietud que de satisfacción”.
Pérez-Cosío considera que “el Gobierno quiere apropiarse de los ahorros que provienen de los impuestos de los santanderinos para devolver su importe poco a poco en un plazo de 10 años”. También critica que el Gobierno exija que dichos ahorros “se utilicen en desarrollar la agenda progre, asumida como propia por el Partido Popular, una formación que realmente se muestra tan incapaz como los socialistas para reducir un solo céntimo de gasto político innecesario”. El edil añade que “solo podrá utilizarse el superávit en más carriles bici, movilidad sostenible y apoyo a la cultura, descuidando una vez más tareas tan importantes en estos momentos como son la protección social, la conservación del empleo o el apoyo a la recuperación económica”.
El representante municipal de Vox también denuncia que “la izquierda venda el acuerdo como una oportunidad para sortear el equilibrio financiero que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a las cuentas municipales y que tan buenos resultados ha venido dado hasta la fecha en la reducción del endeudamiento de los ayuntamientos.”
Desde nuestra formación “venimos manteniendo y defendiendo” que los ayuntamientos puedan destinar el superávit en un porcentaje mayor del actual 20% a gastos de política social y sanitaria relacionados con la pandemia del Covid-19, como son los servicios de proximidad y atención a las personas, adquisición de medios de prevención o el refuerzo de partidas destinadas a las familias sin ingresos o con recursos insuficientes.
“Desde este punto de vista, la medida gubernamental tiene que ser considerada como un abuso y una expropiación de los ahorros provenientes de los impuestos, con la que se trata de ocultar las consecuencias de la nefasta gestión económica del Gobierno llevada a cabo en los últimos meses”, insiste.
Para finalizar, Pérez-Cosío se atreve a aventurar que la comisión de Economía del Ayuntamiento de Santander rechazará el acuerdo “por pura dignidad”.
