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17/07/2018 ›

VOX denuncia a la Generalidad de Cataluña por el uso de un censo electoral ilegal para el referéndum del 1 de octubre

Madrid, 17 de julio de 2018.-  VOX, que ejerce como acusación popular en el Tribunal Supremo, ha tenido conocimiento de la existencia de un informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, firmado por el comisario de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, que concluye que para el referéndum ilegal del 1 de octubre se utilizó un censo universal de votantes burlando los requisitos marcados por la normativa de Protección de Datos.

VOX, tras estudiar los hechos, ha presentado esta mañana ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra la Generalidad de Cataluña por haber cometido posibles infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, concretamente a los que se refieren los artículos 44.3.b, 44.3.d, 44.4.b y el artículo 46.

Tal y como ha explicado Ricardo Chamorro, letrado de VOX, “Nuestra formación se siente en la obligación de denunciar estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en defensa de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos catalanes. Tal y como ha quedado constatado, la Generalidad maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que podrían haber sido  tratados de manera arbitraria, según el informe de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, hacia un interés claramente rupturista con el marco constitucional, creando un censo ilegal y recabando datos a través de cesiones ilegales”.

VOX ya puso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos tanto en su escrito de denuncia de 2014 contra el referéndum del 9 N, como en su escrito de denuncia de 2017 contra Santiago Vidal, la posible cesión ilegal de datos por parte de la Generalidad y de Ayuntamientos y la confección de un censo ilegal, debido a las propias palabras de Francesc Homs que aseguró en 2014 públicamente la existencia de un censo previo utilizando padrones municipales para hacer viable la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional del 9 N.

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