“VOX defiende y defenderá con todos los medios a su alcance la independencia del
Poder Judicial, porque está en nuestro ADN como partido. Hoy interponemos nuestro
recurso número 16 ante el Tribunal Constitucional en 13 meses.
Y sentimos como un auténtico privilegio estar soportando sobre nuestra espalda, en exclusiva, la enorme
responsabilidad que supone en este momento histórico defender nuestro estado de
Derecho. Porque está en jaque. Porque lo prometimos. Porque sabemos que lo que nos
jugamos es España. Porque no vamos a defraudar la confianza de los españoles. No
será el último recurso. Eso también podemos prometerlo”, ha explicado la secretaria
general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, este jueves, tras la
interposición del recurso.
La formación de Santiago Abascal ha registrado este jueves un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2021 de modificación de la Ley 6/1985 del
Poder Judicial par el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
“Con ella el Poder Legislativo asume un papel constituyente que no le corresponde; no
respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena
funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del Poder Legislativo, al que queda
totalmente sometido”.
El texto registrado este jueves -mismo día en que las asociaciones de jueces piden al
presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que culmine los nombramientos en marcha antes
de que ley los detuviera- reclama la declaración de inconstitucionalidad de la Ley
Orgánica aprobada por la mayoría legislativa de los partidos de Gobierno y sus socios, al
considerar, en primer lugar, que su tramitación no se ha producido conforme a la
legalidad, ya que “la misma mayoría política en el Gobierno decidió a conveniencia eludir
la exigencia del previo dictamen del CGPJ, a través del medio fraudulento de utilizar al
grupo parlamentario controlado por esa mayoría para presentar una proposición de ley”.
“Si convenimos -señala el texto- en que existe una identidad funcional entre el Gobierno
y la mayoría política que lo sustenta, resulta fácil colegir que estos no pueden utilizar a
conveniencia el cauce del proyecto o la proposición de ley como medio para hurtar a los
diputados y grupos de la minoría de aquellos informes y dictámenes exigidos por la ley y
que sirven de soporte técnico imprescindible para el fundado ejercicio de la potestad
legislativa”.
Además, y aceptado lo anterior, se señala que, de no ser así se permitiría a esa mayoría
defraudar el precepto procedimental de redacción y aprobación de leyes, “dejando
inerme a la minoría parlamentaria frente al intolerable abuso de la mayoría en el poder”.
Por tanto, y como primera premisa, los 52 diputados de VOX señalan que la mera
infracción de procedimiento “ha de provocar la invalidez de la Ley en la que desembocó”,
y recuerda la declaración institucional en que desembocó la actuación de los partidos en
el Gobierno, y en la que el CGPJ lamentaba “profundamente que el órgano de gobierno
del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud para que la citada
proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la
Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia
a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones
de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones
públicas del ámbito de la Justicia”.
Pero además, y en segundo lugar, los diputados de VOX recuerda que la Constitución
configuró, en aras de la independencia judicial, el Consejo como “órgano autónomo y
separado” al que atribuyó el “ejercicio necesario de algunas de las funciones que más
podrían servir, en poder de otros órganos, para influir, o así intentarlo, sobre los titulares
del Poder Judicial: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.
Por tanto, y dado que a juicio de VOX la Ley Orgánica de Sánchez-Iglesias tiene por
única finalidad crear un nuevo órgano extra-constitucional que denomina el CGPJ “en
funciones”, se denuncia en el recurso presentado ante el Constitucional el recorte
inconstitucional de potestades esenciales del CGPJ que resultan “indisponibles para el
legislador”.
Así, se hace notar que la Constitución ha querido mantener la plenitud “en el ejercicio de
sus funciones y sin interrupción alguna”, de las potestades del CGPJ, dado que están
todas orientadas a “garantizar la total independencia del Poder Judicial” y, por tanto, “no
existe habilitación constitucional alguna que permita debilitar las funciones del órgano constitucional de gobierno Poder Judicial.
Sin embargo, de aplicarse la ley aprobada por el Gobierno y sus socios, la renovación de
los miembros del CGPJ y la salida o permanencia del CGPJ en la situación de “en
funciones” depende de la exclusiva voluntad del Poder Legislativo. Es decir, “el mismo
Poder Legislativo que a través de la nueva ley desfigura al CGPJ, es el único que tiene
en su mano la completa renovación del Consejo y, por lo tanto, su mantenimiento o no en
la posición debilitada de “en funciones”.
Un claro ataque a la independencia judicial que las propias asociaciones judiciales
denuncian – “la califican de atrezzo, farsa y comparsa cuyo único objetivo es paralizar los
nombramientos de los jueces”- que el Grupo Parlamentario VOX no está dispuesto a
aceptar sin agotar todas las herramientas jurídicas a su alcance como, en este caso,
supone la interposición del recurso.
Antecedentes
Cabe recordar que el Grupo Parlamentario VOX exige desde hace tiempo la
despolitización de la Justicia y, por tanto, un sistema de nombramiento de los miembros
del Consejo General del Poder Judicial que sea por jueces y entre jueces, dejando fuera
a los poderes políticos.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario VOX presentó, el pasado 18 de enero y como
enmienda a la totalidad del texto social-comunista, su propuesta para una renovación
periódica y garantizada de los miembros del CGPJ mediante la “celebración recurrente
de elecciones con voto igual, libre, directo y secreto por y entre los jueces que se
celebrarán independientemente de quiénes ocupen el poder político y el máximo órgano
de gobierno del poder judicial. (…) El fin de esta reforma de la LOPJ, así como de la que
ha de plantearse respecto de los Reglamentos de las Cámaras, no es, ni más ni menos,
que sustraer por fin de los partidos políticos las herramientas para colonizar todas las
instituciones del Estado”; señalaba VOX en su texto.