El Grupo Parlamentario de VOX ha presentado una Proposición de Ley para modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de poder modificar el padrón municipal en los casos de ocupación e inmigración ilegal. Un problema que afecta de un modo muy especial a los andaluces, ya que Andalucía es la segunda región de España con más pisos ocupados ilegalmente, en concreto 2.557 casos en 2021, con un incremento del 23,5% en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
En términos absolutos, y con datos de 2019, la provincia andaluza donde el Gobierno contabiliza más «hechos conocidos» de ocupación ilegal de inmuebles fue Sevilla, con 897, un 14,5% más que en 2018; seguida de Cádiz, con 383, y en tercer lugar Málaga, que sumó 350.
En la exposición de motivos de la Proposición, el GP VOX asegura que «la presente Ley trata de impedir que tanto los okupas como los inmigrantes que han entrado en España y residen de forma ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de esta forma de los derechos que ello concede». Este grupo político recuerda que tanto el artículo 18.2 de la Constitución Española, que establece que el domicilio es inviolable, como el 33 CE, que reconoce el derecho a la propiedad privada, «han sido constantemente vulnerados» por la ocupación ilegal.
Recordemos que el GP VOX ya había registrado el pasado mes de junio una proposición de ley orgánica dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación, ante la inexistente protección legal de la propiedad privada. En ella, VOX proponía afrontar el problema desde una doble vertiente: penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de ocupas.
Finalmente, VOX insiste en que se trata de un problema cuya gravedad ha aumentado de manera alarmante en la última década. Y es que, los datos del Ministerio del Interior reflejan el aumento de los delitos de usurpación por ocupación ilegal de inmuebles (3.849 en 2011 y 17.274 en 2021), lo que supone un incremento en 10 años de aproximadamente un 450%. Asimismo, según la información disponible, en enero y febrero de 2022 se han producido de media unos 46 casos por día, 2.700 hechos en total.