Por su parte, Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica de VOX, ha explicado la razón del nacimiento de la asociación IUSTITIA et IURE, que no es otra que «empezar a defender nuestros principios desde el principio». Y así, con el nombre de esta primera ponencia, Realidad jurídica, se quería insistir en que «gran parte de lo que se destruye, se hace a través de la legislación y el derecho». Así, ha animado a todos los profesionales del derecho, «cada uno desde su posición», a defender estos principios «coherentes». «El objetivo es dar cabida a profesionales que, desde sus puestos de trabajo, defienden discretamente los valores por los que el GP VOX batalla públicamente», ha insistido.
En cuanto al «para qué», Castro ha explicado que se centra en la reconstrucción de toda la sociedad que se está destruyendo «de forma paulatina, pero rápida». Y así, «poner al ciudadano en el centro del derecho y de todas las políticas». Castro también ha defendido el «rigor» de VOX. Sin embargo, ese rigor, ha lamentado, «no se transmite en la calle, sino que llega tergiversado por el pensamiento único y los medios de comunicación».
También ha participado en la jornada, de forma telemática, Carlos Pérez, quien ha defendido que se ha llegado a la actual situación jurídica por la condena de delito de sedición a los golpistas de Cataluña. En su opinión, y tras mostrar su respeto al Tribunal Supremo, ha considerado que «existía un delito de rebelión en un acto preparatorio». «Se estaba conspirando para cometer rebelión», ha insistido.
El doctor en Derecho Constitucional, Miguel Serrano, se ha referido al indulto, que, ha lamentado «se ha empleado de forma política» puesto que ya planeaba antes de la sentencia del proceso de Cataluña una figura de gracia que, tal y como ha explicado «tiene como principal razón la búsqueda de la justicia». Además, ha recordado que «tenemos una larga experiencia» para conocer en qué motivos se debe aplicar esta figura de gracia.
También ha participado en la jornada Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo, quien se ha dicho preocupado por la realidad jurídica, que «no es única de nuestro país». En cuanto a la reforma del delito de sedición, ha criticado que el texto se refiera al artículo 1 de la Constitución, que se refiere a la libertad y pluralidad, «lo que se atacó en 2017». «Es una incoherencia esta apelación a la libertad porque se reforman herramientas que se utilizaron para poner fina a ese ataque a la libertad», ha advertido.
Juan Cremades, abogado en ejercicio que ha trabajado con VOX en varios casos en Cataluña, se ha referido a la reforma del delito de sedición como un «desarme del Estado de Derecho», al que ha calificado de «mayúsculo». Una opinión que ha apoyado en la posición del Tribunal Supremo, que ha concluido que el nuevo tipo de orden penal «no tiene encaje en los hechos probado en la sentencia del proceso de Cataluña».
Para finalizar las jornadas jurídicas, el vicepresidente de VOX, Javier Ortega ha declarado que, en su opinión, «la ley del indulto habría que derogarla en su totalidad» porque ya existe el recurso de revisión ante la sala de lo penal presentando las causas y el indulto «se ha convertido en una puerta trasera para saltarse la justicia y lograr el favor político». Además, ha denunciado que el Tribunal Constitucional «no nos da garantías de imparcialidad» puesto que, al estar formado de «peones políticos» está politizado desde su propio origen.