La diputada del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía y vocal de la Comisión de Inclusión Social, Mercedes Rodríguez Tamayo, ha reclamado al Gobierno del PP “destinar más recursos presupuestarios para la contratación de más Personal Técnico de Integración Social (PTIS)”, quienes, como defiende, “desempeñan un papel crucial en el acompañamiento y la asistencia a los alumnos con necesidades educativas especiales”.
Rodríguez Tamayo considera “fundamental” el “incluir sus servicios en el aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares” de estos alumnos, ya que «la actual “limitación de los servicios por horas, priva a estos niños de una plena inclusión en el entorno escolar”.
Como recuerda la parlamentaria de VOX, estos profesionales “realizan tareas básicas de la vida diaria, como el cambio de pañales, el control de esfínteres, el aseo personal y la interacción social durante el recreo y la hora de comer”.
“Hemos visto como el PTIS pasa de ser un servicio imprescindible, a estar considerado como complementario”, lamenta Rodríguez Tamayo, quien denuncia que “esta medida vulnera los derechos de aquellos niños que requieren asistencia y apoyo especial en su educación”.
El número de PTIS en centros de titularidad pública, tanto en Infantil como en educación Secundaria, es de 2.965 para toda Andalucía, para prestar servicio a 33.665 alumnos con necesidades educativas especiales en Primaria y a otros 16.697 alumnos en las etapas de Formación Profesional Media, Superior y Básica, desconociéndose el dato de educación Secundaria.
Según la parlamentaria de VOX, “la igualdad de oportunidades real se logra a través de la diversificación y el apoyo diferencial”, por lo que “no podemos permitir que ningún alumno quede excluido o abandonado a su suerte”.
Para ello, Rodríguez Tamayo solicita al Ejecutivo de Moreno Bonilla “desarrollar políticas más ambiciosas, invertir en recursos y concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación”, para lo cual, desde la administración andaluza hay que “garantizar adaptaciones curriculares, apoyos económicos y medidas de accesibilidad en todas las etapas educativas”, ha concluido.
