El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para mejorar la atención a los españoles en situación de dependencia.
La iniciativa explica que más de un millón y medio de personas en España se encuentran en situación de dependencia, situación que puede llegar a tener reconocimiento jurídico. Esto se debe, en parte, a que la sociedad española envejece cada año y a mayor ancianidad, mayor prevalencia de situaciones de discapacidad y de dependencia.
En este sentido, según datos del IMSERSO el número de solicitantes de ayudas a la dependencia ha aumentado de manera considerable en los últimos años. En mayo de 2008 hubo 374.000 solicitantes, mientras que en octubre de 2023 el número ascendía hasta los 2.085.17 solicitantes.
El GP VOX tiene a la familia en el centro de todas sus políticas, por eso, en esta iniciativa hace especial mención a la labor de cuidados que se desarrollan en la familia, “donde la vida se acoge, se protege y se acompaña”.
Sin embargo, la formación que lidera Santiago Abascal asegura que el apoyo a la cultura de la vida y del cuidado de los más vulnerables es una obligación de los poderes públicos. Así lo recoge la Constitución Española en los artículos 49 y 50 donde declara que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración” de personas con discapacidad, prestándoles la atención especializada que requieren.
Este tipo de ayuda, explica la proposición no de ley, se ha instrumentalizado en los últimos años a través del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), que se rige por una normativa propia, la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Dicha ley tiene como objetivo configurar una “red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados”, y encauzar prestaciones económicas o de servicios destinadas “a la promoción de la autonomía personal” y “a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria”.
Desgraciadamente, denuncia VOX, la supuesta actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas que requiere el SAAD es deficiente y genera “graves injusticias para las personas de dependencia en España”.
A este respecto, existe una gran diferencia de financiación autonómica del SAAD, “lo que implica que una persona en situación de dependencia pueda optar a más o menos ayudas en función del lugar donde resida”.
Igualmente, la competencia autonómica en la gestión del SAAD “provoca la existencia de 17 sistemas distintos de reconocimiento y concesión de las prestaciones”, es decir, “una nueva fuente de desigualdad entre los españoles”, denuncia VOX. Además, la burocratización del sistema “causa que cada año mueran miles de personas a la espera de ser reconocidas beneficiarias o de recibir la prestación”.
Todas estas deficiencias llevan a que “la atención a los españoles en situación de dependencia sea insuficiente y desigual”.
Por todo ello, el GP VOX exige en su iniciativa:
1. Promover la armonización estatal de la atención a la dependencia, para garantizar:
a) La igualdad de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, tanto en el reconocimiento de la situación de discapacidad como en el acceso a la prestación.
b) La desburocratización del sistema.
2. Realizar un estudio público anual que incluya:
a) La evolución del número de personas en situación de dependencia en los últimos cinco años y la previsión de aumento de las mismas en los próximos cinco años.
b) El incremento en el coste de los servicios asociados a la dependencia en los últimos cinco años, desglosado por regiones, y la previsión de aumento en los próximos cinco años.
3. Actualizar la cuantía económica de las prestaciones de atención a la dependencia de acuerdo con el incremento que arroje el estudio anual.
4. Promover que la financiación de la atención a la dependencia sea suficiente, y exclusiva por parte de la Administración General del Estado, para poner fin a la desigualdad que la financiación autonómica provoca entre españoles.