Carina Mejías

VOX propone que los vehículos para el transporte de las personas con movilidad reducida no paguen peaje

Exige la modificación de la ley de carreteras, la cual regula las exenciones de peaje en atención a razones de interés público o utilidad social, como sería el caso de las personas con discapacidad.

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley sobre la exención de peajes para vehículos de personas con movilidad reducida, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

En España hay 3,3 millones de personas con un grado de discapacidad reconocido, según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Entre ellos, una parte significativa presenta limitaciones en su movilidad, si bien esto no les impide utilizar las vías públicas nacionales.

No obstante -advierte VOX en su iniciativa- el derecho fundamental a la libertad de circulación y desplazamiento, consagrado en la Constitución, puede verse comprometido para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas con restricciones de movilidad. “Pese a los esfuerzos de las autoridades, los agentes económicos y la sociedad, en las últimas décadas, así como de la legislación nacional que busca garantizar el acceso universal a la movilidad, persisten importantes deficiencias en el transporte público y privado de accesibilidad”.

En este sentido, la proposición de VOX señala que “hasta que el objetivo de un transporte plenamente accesible para todos no se convierta en una realidad en España, es incumbencia de las autoridades adoptar medidas de acción afirmativa que faciliten a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la movilidad en toda su amplitud”.

VOX recuerda que esta demanda ha sido reiterada por la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, la cual ha instado en múltiples ocasiones al legislador a abordar la exención del pago de peajes para los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida en sus desplazamientos. Por ello, para atender esta solicitud resulta necesario modificar la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, la cual regula las exenciones de peaje en atención a razones de interés público o utilidad social, como sería el caso de las personas con discapacidad.

Entre las doce autopistas de peaje que hay en España, dos de ellas cuentan con incentivos financieros. En el caso de la AP-9 Ferrol-Frontera portuguesa, cuyas bonificaciones tienen como finalidad “incentivar el uso de la infraestructura con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la congestión y los índices de siniestralidad en las carreteras que ofrecen condiciones de recorrido más estrictas”, siendo esta infraestructura la principal arteria de comunicación y desarrollo económico en Galicia. “Estos incentivos, y en ocasiones exenciones, en el pago del peaje contribuyen a incrementar la utilización de estas vías, en detrimento especialmente de las carreteras secundarias que presentan mayores índices de siniestralidad”, recoge la iniciativa.

Por consiguiente, -apunta VOX- esta medida podría facilitar el acceso a estas vías para las personas con discapacidad, particularmente aquellas con recursos económicos limitados que, hasta la fecha, han descartado esta opción debido a consideraciones financieras. “La exención del peaje para vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, que enfrentan limitaciones de movilidad, constituye una medida de innegable índole social”.

VOX recuerda que esta disposición ya se implementa en diversos países europeos, como Alemania y Austria, y serviría para mitigar, al menos parcialmente, los costos adicionales significativos que afrontan estas personas y sus familias al realizar sus desplazamientos. “Esto se debe a su mayor dependencia del transporte privado, dada la falta de accesibilidad en el transporte público”. Por este motivo, la iniciativa aboga “por el respaldo a la autonomía individual y la integración social de las personas con discapacidad, quienes tienen derecho a entornos universalmente accesibles, incluyendo los medios de transporte y la movilidad en general”.

Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 23 de la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para incluir a los vehículos para el transporte de las personas con movilidad reducida entre los exentos de pago de peaje.