El Grupo Parlamentario VOX defenderá en la comisión de Industria y Turismo de este martes una proposición no de ley para evitar la prohibición de la comercialización de vehículos con motores diésel, gasolina e híbridos en el año 2035.
VOX expone la enorme importancia que la industria de la automoción tiene en España: “Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el sector automovilístico representó en 2022 el 7,7% del Producto Interior Bruto Nacional, con una aportación de 60.908 millones de euros, lo que lo posiciona como el segundo sector industrial con mayor aportación al PIB de España”.
En el plano de la creación de empleo, la formación destaca que “por cada puesto de trabajo en el sector automovilístico, se generan aproximadamente ocho empleos adicionales en la economía en su conjunto. Los empleos directos e indirectos generados en total son más de 1,9 millones”.
Sin embargo, el Gobierno, siguiendo las imposiciones climáticas del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, se muestra conforme al Reglamento 2023/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2023. Este reglamento, explica la formación en su iniciativa, “pretende prohibir a partir del año 2035 la venta de automóviles nuevos que emitan CO2 dentro de la Unión Europea. Los automóviles nuevos que se vendan a partir de ese momento deberán ser ‘eléctricos con baterías o pilas de combustible’. Esta legislación prevé también, como paso intermedio, que en 2030 los turismos reduzcan sus emisiones un 55% respecto a los niveles de 2021 y las furgonetas en un 50%”.
Esto resulta contraproducente para una industria que contribuye con el 15% de la recaudación a nivel nacional y que sitúa a España como el segundo mayor productor de vehículos en Europa y el noveno a nivel mundial: “Según un estudio de 2021 si se eliminan gradualmente los vehículos con motores de combustión interna, se prevé la pérdida de 501.000 puestos de trabajo de proveedores de automoción, de los cuales, el 70% (359.000) se perderán en un periodo de cinco años, de 2030 a 2035”.
Además, VOX señala en su iniciativa el peligro de reemplazar la tecnología de combustión térmica por la propulsión eléctrica sin que exista una transición ordenada y adaptada a las necesidades específicas de la industria en España: “Pese al aumento significativo en la venta de vehículos eléctricos en los últimos años, los consumidores prefieren los motores tradicionales de gasolina y diésel, por los altos costos de los eléctricos, su limitada autonomía y la escasez de puntos de carga”.
Asimismo, el partido recuerda incidentes recientes con el uso masivo del coche eléctrico como el sucedido en California, donde la Comisión de Energía de California tuvo que solicitar a los ciudadanos que redujeran el consumo de electricidad durante determinadas horas, China, que cerró puntos de carga para responder a la demanda energética durante una ola de calor, o Francia, donde la exprimera ministra, Élisabeth Borne, planteó una prohibición de la recarga de vehículos eléctricos en garajes durante varias franjas horarias.
De igual modo, completar una transición abrupta hacia los vehículos eléctricos supondría depender más de China: “Las importaciones en Europa de coche eléctricos venidos de China se han incrementado en un 361% desde 2021. Dicho país controla el 75% del litio, el 45% de los derechos de explotación minera y el 90% de las fórmulas químicas necesarias para la producción de las baterías de los coches eléctricos”.
Por todo ello, VOX demanda que no se desplacen forzosamente del mercado los motores de gasolina y diésel, que son los preferidos por los consumidores: “Es necesario que el Gobierno adopte medidas para oponerse a la prohibición de fabricar vehículos de combustión en 2035, y su circulación a partir de 2050, así como para proteger activamente la industria automovilística española con el fin de mantener la posición líder de España en este sector. Esto implica garantizar la convivencia equitativa de todos los tipos de vehículos, ya sean de combustión, eléctricos o híbridos”.
Así, se exige al Congreso que inste al Gobierno a que, “en el seno de las instituciones de la Unión Europea, promueva cuantas actuaciones sean necesarias para derogar el Reglamento (UE) 2023/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2023 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, que prohíbe la comercialización de vehículos con motores de combustión interna en 2035 y la circulación de este tipo de vehículos en 2050”.