El portavoz de VOX en la comisión de Industria y Turismo, Alberto Rodríguez Almeida, ha intervenido para defender la proposición no de ley de VOX para evitar la prohibición de la comercialización de vehículos con motores diésel, gasolina e híbridos en el año 2035.
Rodríguez ha recordado que el sector automovilístico español representó en 2022 el 7,7% del PIB con una aportación de más de 60.000 millones de euros en lo que ya es el segundo sector industrial en cuanto a aportación al PIB se refiere: «Por cada puesto de trabajo en el sector automovilístico, se generan aproximadamente ocho empleos adicionales en la economía en su conjunto, sumando más de 66.000 empleos directos en 17 fábricas de ensamblaje, motores y cajas de cambio distribuidas en 10 regiones. Los empleos directos e indirectos generados en total son más de 1,9 millones».
Este sector, ha explicado el diputado de VOX por Las Palmas, «es un referente a nivel mundial, siendo el segundo mayor productor de vehículos en Europa y el noveno a nivel mundial. Más del 80% de los vehículos fabricados en España se exportan, generando un saldo positivo entre importación y exportación de vehículos de más de 14.000 millones de euros en 2019, y representando el 18% del valor total de las exportaciones del país».
Por ello, el plan de la Unión Europea de prohibir en 2035 la venta de automóviles nuevos que emitan CO2 supondría «la pérdida de 501.000 puestos de trabajo de proveedores de automoción, de los cuales, el 70% (359.000) se perderán en un periodo de cinco años, de 2030 a 2035. Por otro lado, esta pretendida prohibición generaría inseguridad jurídica en el sector de las refinerías, que genera 28.000 empleos directos, indirectos e inducidos».
Finalmente, Rodríguez ha concluido afirmando: «Promover la alarma climática y el señalamiento de los vehículos con motor de combustión está propiciando una transición abrupta hacia el vehículo eléctrico. Cualquier cambio en el modelo energético de una nación debería llevarse a cabo de manera ordenada y adaptada a las necesidades específicas de la industria, en este caso la española, con el objetivo de evitar la pérdida del potencial económico de la Nación y preservar la sostenibilidad del empleo».