El Grupo Parlamentario VOX ha registrado este viernes una proposición de ley para la protección de los trabajadores autónomos, para su discusión en el pleno del Congreso.
La iniciativa de VOX recuerda que nunca en España ha habido tantos autónomos como ahora: 3.364.938 en total. Sin embargo y pese a su importancia, “se trata de un colectivo frecuentemente denostado y olvidado en las políticas públicas”.
Aunque estos trabajadores tienen ciertas ventajas, como la autonomía y flexibilidad inherentes a su condición, su situación laboral no es la ideal, ya que casi la mitad de los autónomos trabaja más de diez horas al día, y no pueden tomarse más de veinte días de vacaciones anuales. Los datos hablan por sí solos: más del 75% de los autónomos en España no tiene ningún asalariado a su cargo y los que sí tienen trabajadores contratados, la mayoría tiene entre uno y cuatro (20,6%).
La proposición de ley registrada por VOX tiene dos objetivos fundamentales: proteger a los autónomos y aliviar su carga fiscal. Entre las medidas más destacadas está la bonificación del 100% de la cuota a aquellos autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.
Hay que tener en cuenta que de los tres millones de autónomos que hay en España, dos millones cobran por debajo del SMI. De estos últimos, 1,45 millones (casi la mitad del total del colectivo) obtuvieron unos rendimientos inferiores a 700 euros al mes. Dicho de otro modo, dos de cada tres trabajadores por cuenta propia ganan menos por su actividad de lo que estarían obligados a pagar por ley a sus empleados, en el caso de que los tuvieran.
VOX añade en su iniciativa que estas cifras podrían ser incluso peores, ya que “lo que declaran los autónomos como rendimientos (ingresos menos gastos deducibles) a veces es más de lo que realmente les queda para vivir, ya que muchos de los gastos de su actividad no son deducibles”. Asimismo, hay más de 600.000 autónomos en España que declaran unos beneficios inferiores a 600 euros al mes.
Si bien algunos de estos contribuyentes podrían compaginar su negocio con otros ingresos -por ejemplo, con un trabajo por cuenta ajena-, “no deja de ser alarmante que todos estos autónomos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza, que en 2019 estaba marcado en 9.000 euros anuales”. De hecho, -denuncia la iniciativa- la mitad de este grupo, más de 300.000 trabajadores por cuenta propia, obtenían ese año 300 euros o menos al mes de beneficios. Los sectores cuyos autónomos están más castigados son precisamente dos de los más determinantes para la economía española: hostelería y construcción.
De este modo, VOX propone en materia de IVA, para favorecer la liquidez de los autónomos, habilitar la posibilidad de que, en caso de estar pendiente de una devolución de IVA por parte de Hacienda, pueda aplazarse el pago de otra liquidación posterior sin ningún tipo de interés hasta el momento de la recepción efectiva de los fondos.
En segundo lugar, VOX propone extender a seis meses el plazo que tiene el contribuyente para hacer efectivo el pago a Hacienda tras la presentación de la declaración de la renta y/o del IVA. Es decir, se iguala el plazo de pago del contribuyente al plazo de devolución del que dispone Hacienda, que asciende a seis meses sin intereses. “Los ciudadanos deben disponer de los mismos beneficios que la Administración, máxime teniendo en cuenta la posición ventajista de esta última”, recoge la iniciativa.
Todo ello tendrá un impacto en la recaudación: dos millones de autónomos dejarían de pagar la cuota que actualmente les corresponde. “Estimamos que exonerar del pago de la cuota a los autónomos cuyos ingresos netos no llegan al SMI puede producir una caída en la recaudación de la Seguridad Social de unos 6.250 millones de euros”, reconoce VOX, que añade que la recaudación neta por cotizaciones sociales del RETA fue de 11.655,2 millones de euros en 2023, por lo que la propuesta produciría una merma de más del 50% de dichos ingresos.
Sin embargo, dicha medida también generaría un efecto positivo en la economía sumergida al provocar un afloramiento de la misma, es decir, de aquellos autónomos a quienes no les compensa estar dados de alta para lo poco que facturan. “Asumiendo una economía sumergida del 15,8%, y teniendo en cuenta que los autónomos conforman el 16% del total de los trabajadores, estimamos que la economía sumergida correspondiente a los autónomos rondaría los 37.000 millones”.
Además, VOX apunta que realizar esta reforma “implicará tener que reducir los gastos superfluos, ideológicos e improductivos que han ido estableciéndose por gobiernos de uno y otro signo político”. Por ello, la iniciativa señala que “atendiendo a los debidos criterios de responsabilidad y estabilidad fiscal, y manteniendo en todo caso el correcto funcionamiento de los servicios públicos, en paralelo a la tramitación de esta modificación deberá llevarse a cabo una drástica reducción del gasto no esencial”.
En este sentido, el Estado concede subvenciones directas por más de 30.000 millones de euros (a los 29.000 millones habría que sumar aquellas cuyo importe es inferior a 100.000 euros). Si bien cierta parte de este gasto puede ser necesario, la gran mayoría no lo es y los ejemplos más notorios son los destinados al extranjero. “Entre los beneficiarios de estas partidas encontramos ministerios de países como Marruecos o Mauritania o alcaldías de El Salvador”, denuncia la iniciativa. En consecuencia, VOX propone modificar la ley General de Subvenciones para que los beneficiarios de las mismas sean, en todo caso, nacionales.
Además, las entidades públicas empresariales, en su gran mayoría chiringuitos del Gobierno, reciben un total de 6.790 millones de euros en subvenciones. Por ejemplo:
- Red.es: 1.930 millones de euros.
- RTVE: 1.120 millones de euros.
- RENFE: 1.560 millones de euros.
- IDAE: 196 millones de euros.
Todo ello hace que VOX denuncie las “decenas de duplicidades políticas y administrativas ineficientes”. Según el Instituto de Estudios Económicos, los desembolsos del sector público podrían reducirse en 60.000 millones adoptando mejores prácticas de gestión, sin que ello suponga una merma en la calidad de los servicios prestados. “Se destinan miles de millones de euros a chiringuitos ideológicos, nacionales e internacionales, que fomentan el ecologismo radical”. Así, la iniciativa demuestra que España “ha regalado” 1.800 millones de euros al Resilience & Sustainability Fund del FMI, que se suman a la inyección extraordinaria de 3.500 millones anunciada por la exministra Calviño en octubre. Además, el gasto previsto para 2024 en publicidad institucional es de 270 millones de euros.
En definitiva, VOX pretende con esta proposición de ley de protección de los trabajadores autónomos “optimizar el gasto público para que los españoles puedan tener los mismos o mejores servicios públicos, pero teniendo más dinero, que es suyo, en sus propios bolsillos”, ya que “no falta dinero, sino que sobran formas de malgastarlo”.