Gonzalo Centeno: “Nuestra fórmula de cheque guardería proporciona la libertad de elegir a las familias entre jardines de adoctrinamiento político o una alternativa gratuita y universal”

“Pedimos derogar la Ley de Memoria Democrática; ustedes pretenden agitar viejos odios y miedos ya superados, enfrentar a la sociedad y deslegitimar al adversario político”

Intervención del diputado de VOX, Gonzalo Centeno, en el Pleno de Orientación Política celebrado hoy en la Junta General del Principado, sobre las propuestas presentadas en asuntos de Educación, Memoria Democrática, Vivienda, Política Lingüística, Cultura, Industria y Hacienda:

En cuanto a la consejería de Educación, proponemos poner en marcha el cheque de guardería para las familias. Ustedes dicen que Escuelas gratuitas… No hay nada gratis, señores de la izquierda, todo se financia con nuestros impuestos, esos que pagan las clases productivas del país. Y el principal privilegio del que paga es poder elegir.
Frente a su red de guarderías, que aún no sabemos ni cómo se va a financiar ni cuánto nos va a costar a los asturianos, y que sólo busca aumentar la red clientelar de empleados públicos, adoctrinar a los niños desde su más tierna infancia en el veneno de la ideología de género, la histeria climática, y demás delirios progres, que solo busca quitar alumnos a la escuela concertada, y estatalizar la economía, sustituyendo a la iniciativa privada y llevando al cierre a las guarderías privadas y a los colegios concertados, oponemos nuestra fórmula de cheque guardería, que proporciona la libertad de elegir a las familias entre jardines de adoctrinamiento político o una alternativa gratuita y universal. No necesitamos ninguna red gubernamental de guarderías para ofrecer un servicio universal y sin coste para las familias porque ya contamos con una red de 160 guarderías privadas que en la actualidad ofrecen más de 5.000 plazas.
Revisión de currículums educativos y retirar libros de textos que buscan adoctrinar. La Constitución Española, además de garantizar el derecho a la educación y a la libertad de Enseñanza, establece el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones, hecho que se consuma con la prohibición constitucional a los poderes públicos de imponer ideología alguna en centros educativos.
Ya hemos visto cómo aprovechan los centros educativos para adoctrinar a los alumnos. Un ejemplo claro es el caso del IES de La Fresneda donde imperan la “radicalización y la obsesión por el adoctrinamiento”. VOX ha presentado sendas denuncias en la Delegación de Gobierno por instalar públicamente en dicho centro dos banderas de claro sesgo ideológico que ni son oficiales ni representan debidamente a los niños asturianos que se forman en dicho centro. Y si lo hacen públicamente, imagínense en las aulas.
Otro ejemplo es el Plan de Coeducación 2023/2027, aprobado por decreto regional 30/2023, que es puro adoctrinamiento en la ideología de género, que detrae recursos para lo verdaderamente importante y que consume horas lectivas de asignaturas claves para el futuro de nuestros jóvenes.
Igualmente, para el curso escolar 2025-2026 pretenden introducir la llingua para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil (niños de 3 a 6 años) sin cobertura legal alguna.
Hay que hacer que los centros educativos sean espacios educativos para nuestros hijos, para todos los niños, que son el futuro de nuestra región y no centros de adoctrinamiento político.
Derogar la Ley de Memoria Democrática. La Historia debe quedar al margen de la política, quedar para los historiadores, lejos de la contienda partidista. Con esta ley ustedes pretenden agitar viejos odios y miedos ya superados; enfrentar a la sociedad y deslegitimar al adversario político.
Su Ley no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición. Esta ley es una intolerable intromisión del Estado en la conciencia de los españoles, al pretender moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y castigar el trabajo de los historiadores, si no se ajustan a la interpretación sectaria e interesada establecida como verdad oficial.
El Grupo Parlamentario VOX en Asturias seguirá la senda de los compañeros que como en Aragón y la Comunidad Valenciana han promovido la derogación de una ley que, bajo la simpleza de establecer a su gusto quienes fueron los buenos y quienes los malos, mediante una interpretación sesgada y torticera de la historia, solo busca acabar con la concordia entre los españoles, resucitando viejos odios como única arma política ante falta absoluta de logros de gestión pública que ofrecer a la ciudadanía.

Plan integral contra la okupación que proteja al propietario y respete la propiedad privada.

La protección de la propiedad privada y la intimidad en el hogar resulta imprescindible y es la base de la libertad individual. Sin propiedad de tu vivienda, de tu tierra, de tu fuerza de trabajo te conviertes en un esclavo de aquellos que regenten el poder. Por ello, se debe endurecer la ley contra las mafias de la okupación. Desde las instituciones y gobiernos no se pueden tomar medidas proteccionistas con los okupas; hay que proteger a los propietarios, aunque el comunismo y el socialismo se afanan en todo lo contrario. Ahora pretenden que los propietarios fíen sus viviendas al gobierno para que las pongan en alquiler y cobre la renta. Lo llaman cesión: Cuidado que así empezaron en Venezuela y ahora le llaman expropiación. Además, en Asturias tenemos un problema añadido y es el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, es el mayor defensor de la okupación en nuestra región.

Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte.

Es de sobra conocida nuestra postura sobre la cooficialidad de la Llingua. Estamos a favor de la protección de los distintos bables que hay en Asturias, pero absolutamente en contra de la cooficialidad de una lengua de laboratorio, inventada, que no habla ningún asturiano, salvo la órbita de apesebrados y chiringuiteros ansiosos por obtener un sueldo público.
Fíjense que no saben ni hablarlo los que se afanan en imponerlo a los demás, como la diputada socialista de este parlamento demuestra en un video top en internet o nuestro Presidente del Gobierno que tiene que leerlo en sus intervenciones.
Consideramos, además, que la imposición obligatoria de una lengua distinta del español es el primer paso que adopta un futuro independentista como nos han demostrado los nacionalistas vascos y catalanes. Hay que reconocer que al menos ellos no se la han inventado.

Ampliar usos de hórreos y flexibilizar los requisitos para su rehabilitación.

Se trata de una PNL que presentamos ante esta Cámara y que, cómo no, la izquierda votó en contra. Defendemos que es necesario promover y defender nuestra cultura y, por ello, urgimos a adaptar los hórreos a tiempos actuales, rebajando las cargas económicas que suponen para los propietarios el mantenimiento de los hórreos, ampliar sus usos y evitar que, como ocurre en la actualidad, Asturias pierda por ruina un hórreo al día a consecuencia del abandono al que aboca la propia administración.

Consejería de Industria.

Todos queremos aire limpio y verdes prados, pero no el del cementerio. Cuando hace cuarenta años yo vivía en Mieres y tenía 20 años, el río San Juan bajaba negro, es cierto, pero el trabajo, el orgullo, la alegría y el dinero corrían por las calles. Las empresas y talleres se contaban por decenas. Hoy es un erial. No digamos la cuenca del Nalón.
La transición verde hacia nuevas formas de producción de energía no puede ser un proceso alocado en el que se elimine totalmente el uso de los hidrocarburos, el carbón, el gas y las nucleares, pretendiendo su sustitución absoluta por tecnologías aún en proceso de maduración, con altos costes de producción y un futuro incierto, mientras que en un mundo globalizado tengamos que competir con países que sigan utilizando las primeras, sin ningún freno 2030.
Hay que buscar un adecuado mix entre las nuevas fuentes de energía renovable y el mantenimiento de las anteriores, atemperado a veces como el caso del carbón, aún como reserva estratégica, incrementado otras como el caso de las nuevas centrales nucleares que, todo hay que decirlo, emiten 0 toneladas de CO2.
La gran industria no se mueve por subvenciones que agotan su efecto en los primeros años. Las subvenciones solo interesan a los adictos al capitalismo de amiguetes, que desaparecerán una vez cobrada la misma. La gran industria se mueve por el coste-beneficio de la inversión y si no somos capaces de garantizarle un coste de energía competitivo y duradero se instalará donde allí lo obtenga, máxime si además cuenta con costes laborales ridículos como los que se ofrecen en el norte de África o en el sudeste asiático. La solución no es la subvención. La solución es la energía barata, así como la rapidez en la obtención de licencias y trámites burocráticos y el mantenimiento de la seguridad jurídica.
A su vez, hay que utilizar los instrumentos arancelarios oportunos para evitar la competencia desleal de terceros países, así como eliminar o al menos atemperar los costes medioambientales que inciden precisamente en esa competencia desleal de quien no tiene que sufrirlos.
Dice Barbón que no proponemos. Pues ahí van tres Planes Nacionales para salvar al sector industrial, el que aporta más valor añadido, más empleo estable y con mejores condiciones salariales, y la imprescindible soberanía energética para que la nación no dependa de terceros.
Un Plan Nacional de Soberanía Energética que, entre otras medidas, reconozca la energía nuclear y el gas como energías limpias y sostenibles.
Un Plan Nacional de Industria que potencie la reindustrialización de España y garantice la producción industrial como forma de generar empleo, estableciendo condiciones favorables que eviten la deslocalización, la competencia desleal y los condicionantes a la producción impuestos desde fuera.Y un Plan Nacional de Minería con el objetivo de conocer las materias primas fundamentales y estratégicas existentes en territorio nacional y priorizar su explotación.

Defensa de las pesquerías.

El Parlamento de la Unión Europea ha advertido que la energía renovable marina solo será sostenible si no tiene repercusiones negativas en el medio ambiente… ni en la cohesión económica, social y territorial, especialmente en las regiones dependientes de la pesca. Los planes de ordenación marítima deben garantizar los intereses legítimos de los pescadores, mariscadores y acuicultores quienes, en el caso particular del norte de España y mediante Manifiesto de Burela de 4 de noviembre de 2021, indicaban que “los pescadores no podemos ser sustituidos en nuestros mares por industrias que afecten a nuestro modo de vida y a nuestros ecosistemas en perjuicio de toda la sociedad y para beneficio de empresas energéticas que han demostrado estar muy apartadas del interés general y del bien común”. La práctica totalidad de la flota del Principado usa para sus capturas las artes de pesca tradicional. No son arrastreros que destruyen los fondos marinos.
Desde VOX, siempre al lado del sector primario como garante de nuestra soberanía alimentaria, no estamos en contra de las energías renovables, si contra su abuso, y en el caso de los polígonos de energía eólica marina entendemos que son totalmente incompatibles con la actividad pesquera. Su puesta en marcha tendría efectos negativos en el sector y en los empleos de la pesca, tanto directos como indirectos.

Gasto superfluo.

Bajo la excusa de la prestación de servicios públicos de calidad que no son tales pues no hay más que ver los plazos de espera en los hospitales, los informes PISA en la educación pública, o el estado de las residencias públicas y los servicios sociales, el Gobierno del Principado de Asturias lleva años incrementando la presión fiscal de los ciudadanos mediante el aumento de los tipos existentes o la no deflactación de las tarifas en los impuestos progresivos para corregir los efectos perniciosos de 4 años de inflación, para destinar ese exceso recaudatorio a gasto superfluo, ideológico o clientelar.
No hay más que echar un vistazo profesional a los presupuestos para darse cuenta de que en el problema reside en el capítulo 4 y en las ingentes cantidades que se destinan a financiar empresas públicas fallidas y totalmente deficitarias, como Sedes, Sogepsa, la Zalia, Gispasa, chiringuitos ideológicos como el consejo de la juventud, Fucomi, Fundación Pozo Barredo, etc., que solo se justifican para mantener los sueldos de los afines al partido y, como no, el dineral que se destina, de forma directa o indirecta a través de entidades ad hoc, a los tres mariachis … UGT, CCOO y la FADE.
Invirtamos el dinero de los asturianos en las necesidades reales de los asturianos, a los que, dentro del marco estatutario y a la vista de la labor de esta Cámara, les basta con 35 diputados.
Contratación pública. En línea con las recomendaciones del Síndico, exigimos el establecimiento de un sistema de contratación administrativa centralizada, así como una revisión completa de los diversos procedimientos administrativos en aras a unificarlos en la medida de lo posible, simplificarlos y reducir los plazos a la recomendación general expresada por el Parlamento de la UE en torno a los 3 meses, basándonos en la figura de la declaración responsable y el control posterior, lo que agilizaría el establecimiento de las empresas cuya principal demanda es la seguridad jurídica y en la agilidad en los plazos administrativos de respuesta.

Impuestos.

Prácticamente el 80% de los ingresos no financieros del presupuesto del Principado de Asturias proceden de tres conceptos; son, por lo tanto, nuestra fuente de financiación principal, y se constituyen por el 50% de lo recaudado en el Principado por el IRPF, otro tanto por IVA y por las trasferencias del sistema de financiación de las CC.AA. de derecho común. Concretamente por el IRPF detraemos del bolsillo de los asturianos más de 1.526 millones de € solo en el año 2024, negándose el Gobierno, tanto de la nación como del Principado, a corregir las tarifas de este impuesto en el pernicioso y amoral efecto de la inflación.
Y, sin embargo, ya desde el siglo XVI, con la escuela de Salamanca, sabemos que la inflación reduce el poder adquisitivo del salario nominal en términos reales, que es un impuesto que recae sobre los que antes de ella tenían dinero y que ahora han de comprar las cosas más caras, que la inflación es una práctica contraria al derecho y a la moral puesto que afecta a las capas más humildes de la sociedad, y que es un acto ilícito pues supone la apropiación del esfuerzo laboral, sin ley previa que lo apruebe.

Financiación Autonómica.

El acuerdo firmado por el PSC y ERC, previo y necesario para que un socialista sea investido presidente de la Generalidad de Cataluña, es la prueba definitiva del fracaso financiero del Estado de las Autonomías. Lo que empezó siendo un sistema de organización territorial del Estado “a superar”, o a evolucionar equilibrando la descentralización de los servicios con el principio de solidaridad interterritorial, ha acabado en un reino de taifas en el que, Ley a Ley de financiación del sistema, la avaricia y las ansias de poder de los políticos locales han acabado por destruir.
La nación, que se nutre de los impuestos de sus ciudadanos, no puede soportar el gasto desmesurado de 17 administración paralelas y, menos aún, cuando una comunidad con 8 millones de habitantes, el 20% del PIB nacional y aportante neta al sistema de financiación común, abandona el mismo uniéndose a otros 3 millones que ya lo hicieron de inicio (Navarra y Vascongadas), representando un 23% de la población y el 27,6% del PIB en total. Con esas cifras el sistema es inviable, sobre todo para las CC.AA. que sean solicitantes netas, como en el caso de Asturias, que no podrán sufragar sus servicios públicos.
De llevarse a cabo el acuerdo, extremadamente conciso y rotundo en cuanto a sus objetivos, estaríamos dejando el importe que Cataluña, en forma de fondos de compensación, o cupos, o convenios aportase a través del sistema a zonas de España menos favorecidas económicamente, como es el caso de Asturias, al albor de una negociación bilateral, totalmente opaca, carente de trasparencia alguna, atada al principio de ordinalidad, ese que tanto disgusta a nuestro Consejero de Hacienda, y vinculada al coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña que, evidentemente, cada vez son y serán menores como pretende cualquier independentista.
Eso sí, de traspasar a Cataluña el pago de las pensiones ni una línea en el acuerdo. A buen entendedor…