El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa al cese de las acciones encaminadas a establecer la oficialidad de las lenguas regionales españolas en las instituciones de la Unión Europea y cuyo coste asumirán los ciudadanos españoles, para su discusión en la Comisión Mixta Para la Unión Europea.
VOX recuerda que la Unión Europea cuenta con 24 lenguas oficiales por la aplicación del reglamento en el que se fija la oficialidad “en las instituciones europeas de las lenguas que lo sean en cada uno de los Estados que integran la Unión, y que en el caso de los Estados que dispongan varias lenguas oficiales no podrán instar la consideración de oficial en la Unión más que de una de ellas”.
Esto, asegura la formación, es un equilibrio razonable entre “el respeto a la diversidad lingüística, la igualdad entre los Estados que la integran –que ven reconocida su lengua propia como oficial de la Unión con independencia del número de sus hablantes– y de la eficacia en el funcionamiento de las instituciones europeas”. De este modo se explica que países con diversidad cultural y lingüística como Alemania, Italia, Francia o España sólo tengan como lengua oficial la que es común a sus respectivos ciudadanos.
Por ello, VOX rechaza la política que está desarrollando el Gobierno instado por sus socios separatistas en la Unión Europea ya que “va en contra de lo dispuesto en nuestra propia Constitución, que consagra el castellano como ‘la lengua española oficial del Estado’ (art. 3.1) y que circunscribe la cooficialidad de «las demás lenguas españolas» al territorio y las instituciones de ‘las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos’”.
Así, el partido afirma que las tres cartas del ministro Albares, la última con fecha de julio dirigida a la nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para presionar en la aprobación del uso del catalán, galleo y vasco como lenguas oficiales en la Eurocámara buscan la implantación de un privilegio: “Generaría una carga de trabajo adicional, susceptible de ralentizar aún más sus gestiones, y un abuso para con los ciudadanos españoles, sobre quienes recaería el desproporcionado coste de correr con los gastos inherentes a dicha medida, que la propia Comisión Europea cuantifica en 132 millones de euros al año”.
Por ello, el GP VOX exige al Congreso a que inste al Gobierno a:
- Cesar de manera inmediata en sus esfuerzos por establecer la oficialidad de las lenguas regionales españolas en las instituciones de la Unión Europea.
- Destinar los 132 millones de euros que está dispuesto a gastar en servicios de traducción en Europa a financiar necesidades reales de los españoles.