El Grupo Parlamentario VOX ha dirigido un escrito al Consejo de Ministros en el que exige el cese en el cargo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
VOX sostiene que, “tan pronto como se produzca la imputación judicial formal al recibirse declaración al FGE por el instructor designado por la Sala segunda del Tribunal Supremo”, García Ortiz debe cesar en su cargo como Fiscal General del Estado.
El escrito dirigido al Gobierno subraya que “los elementos son suficientes al ser el FGE el superior jerárquico del ministerio público al que incumbe la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social (art.124.1 CE) para apreciar que, por fundarse su imputación en actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su cargo”.
De igual modo, VOX acusa a García Ortiz de haber “incumplido gravemente sus funciones” y de estar “incurso en incapacidad que lo inhabilita para el cargo”. Esa incapacidad -explica VOX- entendida como la concibe el artículo 42.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (condena por delito doloso, mientras no haya rehabilitación), es decir, distinta de una incapacidad de naturaleza física.
VOX recuerda que si la sentencia 4985/1994 de la Sala tercera del Supremo declaró nulo el nombramiento del FGE por “no reunir el requisito legalmente exigido de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, habría de reputarse nulo el nombramiento de un FGE imputado penalmente”. Por lo tanto, tampoco podrá seguir siendo válidamente Fiscal General del Estado quien sea imputado penalmente después de su nombramiento.
Asimismo, el escrito de VOX sostiene que compete al Consejo de Ministros (según el artículo 34.1 de la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) instruir el procedimiento que se promueve mediante el presente escrito. Además, “una vez oídos el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados, por paralelismo con el procedimiento de nombramiento del FGE, habrá de concluir con la propuesta de destitución del FGE que, elevada al Rey, será quien lo destituya formalmente”.
Finalmente, VOX reclama la suspensión provisional de García Ortiz acorde al artículo 383.1 de la ley orgánica del Poder Judicial, que dispone que la suspensión del FGE tendrá lugar “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
De este modo, el juez o Tribunal al frente de la causa lo comunicará al CGPJ, que hará efectiva la suspensión, previa audiencia del propio Ministerio Fiscal. Así, la suspensión se prolongará “hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”, como recoge el artículo 384.3 de la ley orgánica del poder judicial.