La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid, primer teniente alcalde y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha viajado esta semana a Estrasburgo, donde se ha reunido con el jefe de la delegación de VOX en Europa, Jorge Buxadé, y los concejales de la formación en Elche, Cartagena, Torrelodones, y Castellón.
Allí han debatido sobre la ley 7 / 2022 de 8 de abril, denominada ley de economía circular, la imposición de una tasa de recogida de residuos que obliga a que, quien genere residuos, tiene que pagar y justificándose en lo que llaman jerarquía de residuos.
Buxadé ha destacado que esta ley es “un modelo de ley de pura aplicación de la Agenda 2030”. “Expresamente en su exposición de motivos dice que esta ley tiene por objeto satisfacer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 13 y 14, relativos a la producción y consumo sostenible, la acción por el clima y la vida submarina”, ha señalado Buxadé.
En definitiva, “es un sistema absolutamente planificador que nos impone a las empresas y a las familias cómo debemos vivir y cómo debemos gestionar nuestros residuos”. Pero, además, “ perjudica directamente a la familia» puesto que en la medida en que los módulos de imposición previstos en la norma son el total de residuos en función de unos criterios objetivos, como el número de residentes en cada domicilio, perjudicará más a las familias numerosas. Una política, ha reprobado el eurodiputado, «directamente contraria» a uno de los «objetivos fundamentales» que debería tener una sociedad: combatir el invierno demográfico.
El dinero, a las grandes empresas
En definitiva, «el dinero de las familias, el dinero de los españoles, pasa directamente al bolsillo de las grandes empresas» porque la mayoría de los consistorios no tiene capacidad de gestionar los residuos. Si bien ha advertido de que «habrá que ver el seguimiento que se hace de ese dinero, y si realmente no se queda en los ayuntamientos».
Ha recordado que los españoles «pagamos muchísimos impuestos», que «deberían satisfacer todos los servicios públicos». «La creación de tasas como un modelo de tributo especial o excepcional para la prestación de determinados servicios públicos no está pensado para este supuesto», ha señalado Buxadé.
Por su parte, la concejal de VOX ha señalado que para las víctimas de ocupación «no hemos encontrado una solución jurídica» por lo que tendrán que abonar la tasa de basuras de sus ocupas. «Es un problema jurídico con el que seguimos trabajando y seguimos dándole vuelta, para no penalizar a aquellos ciudadanos que tienen ocupadas sus casas de una manera ilegal».
Reducir la presión fiscal
Carvajal ha señalado que Valladolid no contaba con ninguna tasa de basuras. Y es que uno de los compromisos electorales de la formación fue reducir la presión fiscal. Pero ha querido añadir que «no podemos comprar el argumento del Partido Socialista de que estaba incluida en el IBI, puesto que el Tribunal Constitucional, ya en el año 1984, estableció la inconstitucionalidad de incluir la tasa de basuras en el Impuesto de Bienes Inmuebles».
La concejal de VOX ha explicado que para evitar que los vallisoletanos se vean agravados en su capacidad económica por la tasa de basuras, desde el Grupo Municipal VOX se impusieron tres premisas. La primera, que la tasa cubriera exclusivamente el coste real del servicio, es decir, que no fuera una tasa excedentaria como en otras ciudades. En segundo lugar, que se recogieran una serie de exenciones y bonificaciones, «que entendíamos que eran sustanciales y sobre todo para aquellos colectivos de españoles y vallisoletanos más vulnerables». Y tercero, «que paralelamente se rebajara la presión fiscal dirigida a compensar lo que había supuesto la tasa de basuras o lo que supondrá la tasa de basuras para nuestros conciudadanos en sus bolsillos y en su capacidad económica».
