VOX en el Ayuntamiento de Barcelona propondrá en el Pleno municipal del 20 de diciembre promover el desalojo de inmuebles okupados desde hace años, especialmente los edificios y locales públicos, para destinarlos a vivienda y equipamientos, mejorando la oferta en Barcelona.
Gonzalo de Oro, presidente del Grupo Municipal de VOX, ha explicado que el pasado 30 de noviembre se cumplió el primer aniversario del desalojo de los edificios ocupados El Kubo y La Ruïna. “Aprovechando la ocasión, queremos recordar al alcalde Jaume Collboni que todavía queda mucho por hacer en Barcelona para acabar con la ocupación ilegal de inmuebles, especialmente la fomentada por grupos antisistema y anarquistas que pretenden vivir a costa de los demás”.
En Barcelona existen inmuebles ocupados históricamente en todos los distritos de la ciudad, lo que ha llevado a denominar a la ciudad como “capital okupa”. Entre estos edificios y locales, muchos de titularidad pública, se encuentran Can Vies, Tres Lliris, la Biblioteca Ateneu Llibertari, Kasa de la Muntanya, entre otros.
La propuesta de VOX plantea que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya elaboren un plan para recuperar los inmuebles ocupados y destinarlos a la construcción de vivienda pública y equipamientos para los vecinos que cumplen las normas y pagan sus impuestos, evitando la proliferación de los llamados: CSA centros sociales liberados y autogestionados, “son okupas encubiertos”, recuerda Gonzalo de Oro.
Por este motivo, propone una serie de medidas la propuesta plantea estos puntos:
- Establecer un calendario para iniciar los trámites legales necesarios con el fin de promover el desalojo de todos aquellos inmuebles públicos ocupados ilegalmente desde hace años, en un plazo máximo de tres meses.
- Proceder a la pronta demolición de Can Vies para finalizar la rampa según el planeamiento urbanístico vigente.
- Negociar con administraciones, instituciones y propietarios privados para activar el desalojo de otros inmuebles que, históricamente, llevan años ocupados ilegalmente.
- Crear un equipo de actuación contra las okupaciones ilegales, formado por la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, Servicios Sociales, Bomberos y Servicios Jurídicos.
- Iniciar los trámites legales necesarios para destinar los inmuebles y solares recuperados a la construcción de vivienda social u otros usos públicos, como equipamientos.
Para De Oro, “las ocupaciones agravan el problema del déficit de vivienda, al suponer una desigualdad para aquellas personas que buscan acceder legalmente a una vivienda pública, además de generar miedo a los propietarios y reducir la oferta de alquiler”.
El intervencionismo de los gobiernos de Colau y Collboni de los últimos años ha provocado el déficit de vivienda en Barcelona: la medida del 30% en nuevas promociones, la permisividad con los okupas, el descontrol de la inmigración, la falta de seguridad jurídica para los promotores y propietarios, las promesas incumplidas en la construcción de vivienda pública y la subida del alquiler de un 70% en los 8 años de Colau.
