Más de 400 hectáreas de terreno agrícola van a ser expropiados en la provincia de Jaén para instalar plantas fotovoltaicas. Un drama para la región y para los olivares de la denominación de origen “Campiña de Jaén” que ha denunciado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en Europa, ante las instituciones europeas.
Lo ha hecho en una carta dirigida a Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural; Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva; y Antonio Decaro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
En su misiva, Buxadé denuncia que “aquellos que más cuidan del medio ambiente, nuestros ganaderos y agricultores, se están viendo obligados a abandonar la explotación agro ganadera de sus tierras para entregarlas a empresas energéticas de forma coactiva”. Una denuncia que se produce ante el abandono y la dejación de funciones de la Junta de Andalucía presidida por Moreno Bonilla.
Esta circunstancia ocurre porque, con la coartada de estar impulsando industrias de energía “verde”, se han categorizado estas plantas fotovoltaicas como de “utilidad pública”. Una vez más, la histeria climática pone por delante el beneficio económico de unos pocos para arruinar a quienes mejor conocen sus tierras, en este caso, los agricultores y trabajadores de la industria olivarera de Jaén.
De no ser atendidas las exigencias que Buxadé hace en su carta a las más altas instancias europeas, se asestaría un duro golpe a la industria del olivo español y muy especialmente a la provincia de Jaén. El impacto económico de esta expropiación forzosa supone “una condena al desempleo o al éxodo rural en una región de España que vive directa e indirectamente de esta industria”, señala Buxadé.
Desde VOX Europa se denuncia también el impacto que la medida tendrá sobre la soberanía alimentaria española y europea. Este tipo de renuncias voluntarias a nuestras propias tierras de cultivo nos fuerzan a la “deslocalización de una industria estratégica y la consiguiente importación de los alimentos que necesitamos de terceros países”, como es el caso de Marruecos.
Jorge Buxadé termina exigiendo a los responsables europeos que realicen “una evaluación exhaustiva e independiente del impacto ambiental y económico de estos proyectos fotovoltaicos en el campo europeo y español y en todo caso se promueva un desarrollo de energías renovables que sea sostenible y respete el equilibrio entre el medio ambiente, la economía local y el bienestar social”.