VOX se queda solo en la defensa de los vehículos de combustión interna más allá del 2035. Las Cortes de Aragón, con la única oposición del grupo parlamentario VOX, asumen la política europea de prohibición de vehículos de combustión interna en 2035.
La propuesta de VOX, con la protección de la industria automotriz en Aragón como objetivo, pretendía instar a los Gobiernos de Aragón y de España a solicitar a las instituciones europeas la defensa de los motores de combustión frente a la imposición del coche eléctrico.
Lo que VOX plantea
Tal y como ha defendido el diputado Juan Vidal, la iniciativa pretendía “instar a la derogación de la normativa que prohíbe la comercialización de nuevos vehículos con motores de combustión a partir de 2035”.
Vidal ha señalado que “hay que tener en cuenta los avances tecnológicos que han hecho de estos motores una alternativa más eficiente y menos contaminante. Así como las necesidades reales de los españoles, para los cuales es más fácil acceder al vehículo de combustión”.
La propuesta de VOX incluía una evaluación exhaustiva sobre la viabilidad económica de la planta de baterías en Figueruelas (Zaragoza). En particular tras las declaraciones del anterior CEO de Stellantis, Carlos Tavares, respecto al elevado coste de producción de vehículos eléctricos (40% más caros que los de combustión). Y la baja demanda actual, lo que podría comprometer el futuro de la planta”.
“Se debe asegurar que los fondos europeos del PERTE VEC II y III se utilicen de manera eficaz para garantizar la competitividad del sector automotriz español. Y evitar que dichos fondos beneficien a competidores extranjeros, como podría ser el caso del fabricante chino CATL”, ha manifestado Vidal.
Finalmente, VOX reclamaba “que se rechace la criminalización de los vehículos de combustión y de la industria automovilística en general”. “Estas políticas, impulsadas por el bipartidismo europeo bajo la Agenda 2030, no sólo generan una precarización del tejido industrial, sino que también criminalizan a los españoles de a pie, quienes se ven obligados a hacer frente a un aumento de costes y restricciones injustificadas”.
