El portavoz adjunto de VOX en la comisión Mixta para la Unión Europea, Carlos Flores, ha defendido la proposición no de ley de VOX relativa al cese de las acciones encaminadas a establecer la oficialidad de las lenguas regionales españolas en las instituciones de la Unión Europea y cuyo coste asumirán los ciudadanos españoles.
Flores ha recordado que la Unión Europea cuenta con 24 lenguas oficiales y que cada Estado miembro puede instar a la consideración como lengua oficial de una de sus lenguas en el caso de que existan más idiomas cooficiales. Esta norma, ha explicado «obra un equilibrio razonable entre el respeto a la diversidad lingüística que constituye un valor fundamental de la Unión, la igualdad entre los estados que la integran y la eficacia en el funcionamiento de las instituciones europeas«.
«Países con tanta diversidad cultural y lingüística como España, Italia, Francia o Alemania no han hecho oficiales en la Unión sino las lenguas que son comunes a todos sus ciudadanos», ha continuado. Sin embargo, «el Gobierno de España lleva desde septiembre del 2023 desarrollando una insistente, estéril y hasta embarazosa presión ante las más diversas instancias europeas encaminadas a lograr el reconocimiento como oficiales de las lenguas que en nuestro país han sido declaradas como tales en virtud de los Estatutos de Autonomía».
Además de ir en contra de la Constitución, ha afirmado Flores, esta petición supone un «desprecio hacia las instituciones europeas y supondría una carga de trabajo adicional susceptible de ralentizar aún más sus gestiones y de complicar aún más la vida de los europeos además de un abuso para con los ciudadanos españoles sobre quienes recaería el coste de correr con los cargos inherentes de dicha medida, cuantificados en 132 millones de euros al año».
Finalmente, el portavoz adjunto de VOX en la comisión ha concluido: «Este grupo desea elevar al pleno la solicitud de instar al Gobierno de la Nación a que cese de manera inmediata en sus esfuerzos por establecer la cooficialidad de las lenguas autonómicas españolas en las instituciones de la Unión Europea, y que destine el coste, si lo tiene reservado, de dicha iniciativa a hacer frente a las verdaderas necesidades de los españoles».