El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Granada ha propuesto una Declaración Institucional del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha anunciado que votará en contra de las mociones que PP y PSOE llevarán al Pleno ordinario de febrero.
Desde VOX han defendido que «cuando decimos que somos la única alternativa es por cosas como esta. Llevan años importando violadores en potencia y culturas que desprecian a la mujer y un año más nos vienen con una nueva cortina de humo a base de despilfarrar otros miles de millones de euros. Los que defienden estas políticas no han hecho nada para defender a la mujer, solo aumentar su inseguridad y destruir su futuro. Nos quedaremos solos las veces que haga falta, pero no vamos a participar en sus mentiras».
VOX ha recordado que con el Gobierno de Pedro Sánchez «ha aumentado el número de mujeres asesinadas, se ha ocultado y abandonado a las víctimas bajo tutela de la Administración valenciana y balear y se ha aprobado la ley del sólo sí es sí, que ha dejado en libertad a cientos de violadores, pederastas y criminales sexuales, y la rebaja de penas a miles de ellos».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Granada ha incidido en que «las políticas que están acabando con el bienestar y la seguridad de las mujeres en España, como las políticas trans, que imponen el borrado de las mujeres con la autodeterminación de género, o la inmigración ilegal, que ha provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años».
Por todo ello, como representantes de los vecinos y frente a la utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres, VOX exige «un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres».
Entre otras medidas, el Grupo Municipal de VOX exige que se identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la “Ley del Sí es Sí”, se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, se erradiquen los mensajes que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer; se evite que, en el acceso a la función pública, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y, por último, la eliminación del ministerio de Igualdad y las subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8-M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Este 8 de marzo debemos alzar la voz por la defensa genuina y honesta de todas las mujeres que cada día se levantan para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Todos tenemos en mente mujeres que mediante su esfuerzo, cariño y dedicación han influido de forma decisiva en algún momento de nuestras vidas.
En un día como hoy debemos reflexionar sobre cuáles han sido los efectos reales de las políticas de género de los últimos años y si estas han supuesto un verdadero avance o han servido para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad española.
Una gran mayoría de españoles creen que los únicos beneficiados de la ideología de género y del feminismo no han sido las mujeres, sino una casta política corrupta que ha utilizado los recursos públicos para el adoctrinamiento y el despilfarro político y se ha servido del dolor de muchas mujeres para hacer un rentable negocio.
Al contrario de lo que intentan imponer las ideologías corrosivas que sufrimos hoy, la defensa intrínseca y total de la mujer es compatible con la defensa del hombre y de hecho no puede entenderse una sin la otra al ser ambas necesarias y complementarias.
Hoy en España mujeres y hombres enfrentan problemas comunes como la precarización de las condiciones laborales, el aumento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para poder acceder a una vivienda y formar una familia, las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral o el gravísimo aumento de la inseguridad. Dichos problemas han sido provocados por las mismas instituciones empeñadas en dividirnos y enfrentarnos como sociedad, y sólo trabajando juntos y unidos en el propósito de mejorar lo que nos es común a todos, podremos recuperar la prosperidad y el bienestar que nos han arrebatado décadas de nefastas políticas.
Defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre y por eso rechazamos un feminismo radical que trata de imponer un dogmatismo de género dañino que ha terminado aprobando leyes de género nefastas para la sociedad en su conjunto y para las mujeres en particular.
Las mujeres y los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, sin miedo, sin violencia y sin que su protección quede supeditada a intereses políticos.
Sin embargo, las políticas del gobierno de Pedro Sánchez no solo han servido para criminalizar a la mitad de la población y para destrozar la presunción de inocencia, sino que han contribuido a acrecentar la inseguridad que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida.
En 2024 fueron asesinadas 47 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 9 menores como consecuencia de violencia en el entorno doméstico, la mayor cifra de menores asesinados desde 2013.
Lejos de protegerlas, las inversiones multimillonarias -20.000 millones en inversiones del gobierno-, en políticas de igualdad, adoctrinamiento feminista y subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de la salud de las mujeres. Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como Ley del Sí es Sí, que ha beneficiado a más de 1.400 criminales sexuales, incluyendo a violadores y pederastas.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha anunciado un nuevo aumento del presupuesto destinado a políticas de género en 2025, prometiendo un incremento de 20 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pasando de 140 millones a 160.
Por otra parte, ante situaciones concretas de abusos y violencia contra mujeres y niñas, los partidos del gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes que asumir las responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la Administración. Así sucedió en casos como las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas por gobiernos del Partido Socialista que prefirieron protegerse a sí mismos a protegerlas a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos.
Entre todas las actuaciones de este gobierno que han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres, destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal y masiva que, junto con la falta de medios para nuestras FCSE y de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Según el último informe específico de la Fiscalía, durante el año 2023 se produce un aumento del total de los delitos contra la libertad sexual. Los delitos sexuales crecieron un 15% respecto al año anterior, especialmente las agresiones sexuales, pero también los delitos de prostitución, la corrupción de menores, los acosos sexuales y delitos a través de internet y la pornografía de menores.
Además, en nombre del fanatismo woke y alejadas de toda realidad biológica, se han aprobado normas que han convertido el hecho de ser mujer en un simple acto administrativo permitiendo la autodeterminación de género con nefastas consecuencias en la igualdad y el mérito en el ámbito laboral y deportivo; y permitiendo el acceso de hombres autopercibidos mujeres a todos los espacios de intimidad de las mujeres como baños y vestuarios públicos con todo lo que ello implica, sobre todo para las mujeres más jóvenes.
Respecto al bienestar y la prosperidad de las mujeres, tampoco la inversión millonaria del Gobierno para políticas de igualdad ha servido para mejorar la vida de las mujeres. Las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar la sociedad y crear colectivos artificiales con supuestos intereses excluyentes, lo que ha desembocado en nuevas políticas, como las denominadas trans, que han acabado perjudicando directamente a grupos como las mujeres, a las que decían proteger.
Del mismo modo, mujeres relevantes que han mostrado con libertad una visión crítica, así como todas esas madres, hermanas o amigas que se niegan a ver a sus familiares, parejas o amigos como sospechosos por el hecho de ser hombres o que incluso han sufrido las consecuencias de denuncias falsas sobre sus allegados, han sido silenciadas, señaladas o directamente atacadas.
Por todo ello, frente a la utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres, exigimos un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres.
Por todo lo expuesto anteriormente, los grupos políticos del Ayuntamiento de Granada, en Declaración Institucional, adoptan las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primera.– Que se identifique a todos los violadores que han salido en libertad gracias a la “Ley del Sí es Sí”, estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Igualmente, se deben demandar responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales.
Segunda.- Tolerancia cero con los delitos cometidos contra las mujeres. Exigimos que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual.
Tercera.- Impedir la entrada en nuestro país de personas sin capacidad ni voluntad de adaptación que provienen de países con culturas incompatibles con la nuestra en los que se denigra la mujer, y que se erradiquen todos los discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.
Cuarta.- Impedir que ningún hombre que se autoperciba como mujer pueda utilizar las leyes para eludir la acción de la justicia en delitos de violencia contra las mujeres, así como la máxima asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia.
Quinta.- Reducir la edad penal, y en cualquier caso revisar la ley del menor, para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.
Sexta.- Introducir una agravante al delito de injurias cuando estas sean de tipo sexual contra la mujer, en la medida en que la dignidad sexual de la mujer es un bien especialmente protegido.
Séptima.- Exigimos que se evite que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.
En definitiva, este 8M, reivindicamos unas políticas públicas eficaces, centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley. La verdadera igualdad que no discrimina, que no enfrenta, que protege sin politizar. Las mujeres de España merecen respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes dañinas. Es urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real, no una herramienta de manipulación.
