El portavoz de VOX en la comisión de Cooperación Internacional y Desarrollo, Francisco José Alcaraz, ha defendido la proposición no de ley de VOX para la no financiación de programas de cooperación al desarrollo en países donde no se respete la libertad religiosa de los cristianos.
Alcaraz ha comenzado su intervención citando datos del último informe sobre la libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el que se detalla que los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37% y la fe cristiana es la más perseguida: «En las comunidades religiosas de Turquía, Siria, Nigeria, Irak, China, India y Pakistán denuncian una creciente cultura de la impunidad contra la persecución a los cristianos. Además, en Nigeria han sido asesinados en estos últimos años más de 10.000 cristianos».
El portavoz de VOX en la comisión ha asegurado que el caso de nicaragua es especialmente paradigmático: «El 95% de su población es cristiana. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega ha señalado a la jerarquía eclesiástica del país de intentar dar un golpe de estado, como que en secuencia tras las graves acusaciones se han sucedido multitud de ataques contra los cristianos durante los últimos años».
Asimismo, el diputado de VOX por Jaén ha lamentado que estos ataques contra los cristianos pasen constantemente desapercibidos: «Esta comisión es un ejemplo de ello. Aquí se ignoran los asesinatos y las masacres de miles y miles de cristianos».
Por ello, Alcaraz ha defendido la necesidad de eliminar la financiación a aquellos países que no condenan la persecución de los cristianos: «España no debe financiar programas de cooperación en aquellos países donde los cristianos son perseguidos y en muchas ocasiones son asesinados por su creencia. Por ello proponemos elaborar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Cooperación, en un plazo no superior de seis meses, un informe en el que se detalle un listado de países en los que no se garantice y protege la libertad religiosa de los cristianos y en los que el Estado español financia los proyectos de cooperación».