La diputada de VOX Asturias, Sara Álvarez Rouco, compareció en rueda de prensa esta mañana ante los medios acreditados en la Junta General para aclarar “hartos de que tergiversen nuestro discurso”, el posicionamiento en relación a la llegada de menores no acompañados a España y, en consecuencia, a Asturias. “Nuestra oposición al reparto de menas no es ya por falta de recursos, financiación o plazas sino porque consideramos que estos niños tienen que estar con sus padres en sus países de origen”, razonó.
Para Álvarez Rouco “la solidaridad no tiene nada que ver con que las izquierdas hayan convertido España en un coladero, en un país sin fronteras en el que no hay reglas para impedir la llegada masiva de inmigrantes ilegales” y añade que “hay unas leyes, unas fronteras y unos acuerdos internacionales que hay que respetar. Somos perfectamente conscientes del drama personal de todos estos inmigrantes ilegales, pero es que tenemos el convencimiento de que la atención que se les da cuando llegan a nuestras costas debería de ser transitoria, nunca permanente, y con fecha de retorno. Lo que no tiene cabida, con todos los gravísimos problemas que están pasando miles y miles de compatriotas, miles y miles de asturianos, es que la acogida se vuelva permanente y el gobierno central pase a distribuirlos por todas las comunidades autónomas. Y más en el caso de Asturias, donde tratan de ampliarlo a golpe de talonario millonario. Estamos al 100% de ocupación”.
La diputada de VOX se refirió que Asturias “tiene pobreza estructural que los servicios sociales no son capaces de resolver, y está rendida a las carencias, también estructurales, que impiden la recuperación demográfica o propician el éxodo de miles de jóvenes, entre otros muchos problemas graves. Lo que se hace en política migratoria se está haciendo rematadamente mal”.
Con todo ello, avanzó que “vamos a seguir repitiendo que el problema de la llegada de menores no acompañados a España y a Asturias no se soluciona vistiéndolo de solidaridad de la que tanto hablan, y que luego ellos nunca sufren las consecuencias de sus políticas. Y vamos a seguir diciendo que la inmigración debe ser legal y ordenada de acuerdo a las necesidades de nuestro mercado laboral y con una clara voluntad y capacidad de adaptación”.
“Pero que el gobierno imponga la acogida institucional es un gravísimo problema a mayores, por cuanto supone de agravio comparativo para nuestros conciudadanos más necesitados, que como repetimos, son muchísimos”, argumentó. “Nuestro planteamiento es que la inmigración ilegal es un delito y el delito no se puede gestionar sino combatir. Toda persona que entre de forma ilegal a España tiene que ser repatriada a su país de origen, y en el caso de los menores el gobierno tiene que hacer todos los tramites que les permitan volver con sus padres”, finalizó Sara Á. Rouco.
