El Partido Popular de Moreno Bonilla ha unido sus votos por enésima vez al PSOE en el Parlamento andaluz, en esta ocasión para tumbar la Proposición no de Ley presentada por VOX en la que se exigía al Gobierno popular medidas urgentes para “reducir o compensar el aumento de las tasas por recogida de basuras de los hogares de Andalucía provocada por la implementación de la nueva Ley de Economía Circular, aprobada por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, y que emana del Pacto Verde Europeo.
Así lo ha denunciado el diputado del Grupo Parlamentario VOX, José Ortells, tras la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente celebrada este miércoles, lamentando que “cuando se trata de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, PP y PSOE siempre tienen una excusa de competencias o de financiación; pero para meterle la mano en el bolsillo a los andaluces, populares y socialistas jamás muestran discrepancias y siempre están de acuerdo”.
Como ha advertido Ortells, este aumento de tasas “afectará de manera muy especial a los hogares andaluces con rentas más bajas que, por desgracia, con Moreno Bonilla son cada día más en nuestra región”.
Igualmente, PP y PSOE también se han negado a reclamar al Gobierno de la Junta medidas para evitar un aumento de tasas derivado de la Ley de Economía Circular de Andalucía a la actividad empresarial de nuestra comunidad, cuyo crecimiento, ha denunciado, “se está viendo lastrado por las imposiciones fiscales medioambientales”.
Populares y socialistas también han unido sus votos para decir no a la demanda de VOX para “acabar con el exceso de regulación normativa regional ambiental que impide el desarrollo de todo el sector productivo, industrial y de servicios, y que daña el poder adquisitivo de los hogares andaluces”; así como también se han negado a “derogar la Ley de Economía Circular de Andalucía” cuya consecuencia directa es “la creación de nuevos impuestos y el aumento de tasas que afectan de manera directa a las familias y al desarrollo empresarial”.
Del mismo modo, PP y PSOE se han opuesto a exigir al Gobierno de la Nación derogar la Ley de residuos y suelos contaminados, “a tenor de la situación de precariedad económica en la que se encuentra nuestra región”.
