El diputado de VOX por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha intervenido en la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas durante el debate de la solicitud para que el Tribunal de Cuentas recabe realización de un informe de fiscalización especial de las contrataciones de personal de los ejercicios 2018 a 2024, ambos inclusive, de las Sociedades TRAGSATEC, LogiRAIL, SME, SA, Ingeniería y Economía del Transporte SME, MP, SA (Ineco) y Enajenación de Materiales Ferroviarios.
Aizcorbe ha recordado la necesidad de crear «una fiscalización rigurosa y transparente de las entidades públicas, especialmente en lo que respecta a la contratación de personal, para garantizar la eficiencia, la legalidad y la equidad en el uso de los recursos públicos». Sin embargo, ha señalado: «Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, hemos asistido a una colonización sistemática de las instituciones del Estado, incluyendo al propio Tribunal de Cuentas«.
Tras ello, Aizcorbe ha cargado contra la resolución del Tribunal de Cuentas que impone a VOX una sanción de más de 800.000 euros por «supuestas e inexistentes irregularidades en la financiación de 2018 y 2020»: «Esta resolución que carece de fundamento sólido y responde a evidentes motivaciones políticas en vez de a criterios técnicos y jurídicos. Una vergüenza que sin duda rectificará el Tribunal Supremo. Las actividades cuestionadas como la venta de merchandising en las mesas informativas son prácticas comunes y transparentes realizadas por miles de afiliados y militantes de VOX».
Por ello, el diputado de VOX ha exigido al Tribunal de Cuentas «la máxima objetividad, imparcialidad y rigor técnico en sus investigación«. Además, ha instado a las administraciones a «cumplir con su deber de manera justa y transparente para que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones que deben proteger sus intereses».
Tras ello, ha comparecido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Aizcorbe ha replicado a su intervención denunciando «una gestión opaca, burocratizada y escasamente sujeta a controles verdaderamente eficaces» del organismo.
Además, ha señalado que el informe presentado por Chicano se afirma que el SEPI aplicó correctamente los procedimientos de las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas: «Se reconoce que muchas de las empresas beneficiarias presentaban situaciones de debilidad económica y financiera ya antes de la pandemia. El informe lo admite sin rubor. Eran ayudas para empresas incluso con dificultades estructurales, no coyunturales. ¿No es esto una invitación al despilfarro? ¿No fue este fondo un salvavidas arbitrario lanzado sin rumbo con una eficacia social y económica más que dudosa?».
Tras la segunda comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Aizcorbe ha apuntado que «sólo el 42 % de las entidades locales rindieron sus cuentas en plazo a mitad de 2024 y aún un 21 % no lo habían hecho». «¿Qué hace el Estado? Nada, ni una sola sanción, ni una sola medida disuasoria», ha añadido.
El diputado de VOX por Barcelona ha lamentado la existencia de «una administración sin rumbo, planificación ni control» así como de la «opacidad institucional» existente: «Queremos un tribunal de cuentas que no sea cómplice de la descomposición institucional que sufrimos. Porque los ciudadanos merecen saber la verdad».