VOX ha logrado sacar adelante, con el voto de la izquierda en contra, una iniciativa para instar al Gobierno a que adopte medidas para la promoción de la terapia ocupacional en España. La moción, que ha sido debatida en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, ha sido defendida por el senador valenciano de VOX, Fernando Carbonell.
Durante su exposición, Carbonell ha defendido las bondades de este tipo de terapia, que, entre otras, permite una atención centrada en el paciente, reduce los costes sociales y sanitarios, posibilita el mantenimiento de las personas en sus propios domicilios, mejorar la empleabilidad, y ofrece a los cuidadores orientaciones para el mantenimiento de su propia salud y el equilibrio ocupacional.
No obstante, ha denunciado que la terapia ocupacional «adolece» de una «grave» desigualdad en función del territorio. Incluso, dentro dentro de la misma región «hay diferencias significativas» tanto en el número total de terapeutas ocupacionales, la proporción o tasa de terapeutas ocupacionales habitantes y/o tipología de pacientes atendidos.
Escasez en el Sistema Nacional de Salud
Ha denunciado, del mismo modo, la «escasa presencia de la terapia ocupacional en el Sistema Nacional de Salud». Y es que en España se contabilizan 612 terapeutas ocupacionales contratados en la sanidad pública. Es decir, 1,5 terapeutas por cada 100.000 habitantes.
Por ello, el senador de VOX ha insistido en la obligación que tienen los poderes públicos de cumplir con la legalidad, y fomentar una terapia ocupacional «suficiente» y de «calidad» porque «de ella dependen el bienestar de muchas personas con discapacidades físicas o psíquicas y la mejora del sistema sociosanitario». Además, ha de garantizar que la prestación de servicios no esté condicionado por el lugar de residencia.
Así, la iniciativa de VOX solicitaba que se realicen campañas de comunicación institucional para concienciar a la población acerca de la relevancia de la terapia ocupacional y para dar a conocer los medios que, en esta materia, se ponen a disposición de los ciudadanos; promover el incremento de la dotación presupuestaria dedicada al fomento de la terapia ocupacional pública y privada, que deberá estar adaptada al número real y actualizado de personas con discapacidad.
Incluye también la garantía de que, en lo referente al desarrollo laboral, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la terapia ocupacional se reserva a todas aquellas personas cuya discapacidad les impide el acceso a un empleo ordinario o protegido. Y, por último, que se promueva una mayor presencia de la terapia ocupacional en la Sanidad pública de todo el territorio español, así como garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a estos servicios.