El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy de forma provisional la nueva Ordenanza de Movilidad, impulsada por el equipo de gobierno del que forma parte VOX. Esta normativa incluye un nuevo modelo de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que rompe con el sistema sancionador y restrictivo impuesto por el anterior gobierno municipal del PSOE y Compromís, y plantea una alternativa “más respetuosa con las libertades de los vecinos y más acorde con la realidad social de Castellón”.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá, ha señalado durante su intervención que “nos podemos sentir orgullosos de demostrar a toda España y, muy especialmente, a toda Europa, que la Agenda 2030 y el catastrofismo climático que nos venden no puede estar por encima del bienestar de los castellonenses. Para VOX, el objetivo de mejorar la calidad del aire no puede utilizarse como excusa para imponer restricciones injustas ni criminalizar a quienes necesitan el coche para trabajar, estudiar o cuidar de sus familias. En Castellón, se ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas”.
El anterior proyecto del PSOE y Compromís pretendía cerrar al tráfico más de 745.000 metros cuadrados del centro de la ciudad, permitiendo la circulación únicamente a residentes y a unos pocos autorizados. Ortolá ha denunciado que esa política hubiese convertido a Castellón en una ciudad dividida entre ciudadanos de primera y de segunda, según la etiqueta ambiental de su vehículo. “Europa se puede guardar sus millones —que son nuestros impuestos, entre otros— si son para perjudicar y entorpecer las libertades de nuestros vecinos”, ha señalado el portavoz, recordando además el rechazo vecinal a reformas como la de la Avenida de Lidón, que simboliza ese modelo impuesto y alejado de la realidad social.
Un nuevo modelo sin barreras que impidan circular ni sanciones automáticas
El nuevo modelo aprobado por el gobierno municipal no incluye restricciones automáticas, ni barreras que impidan circular libremente por el centro. Se elimina además el sistema de cámaras sancionadoras del casco histórico, considerado por Ortolá como “confiscatorio” y que suponía más de 2 millones de euros en multas al año para los castellonenses.
En su lugar, se ha planteado una regulación razonable, que cumple con la normativa europea pero que no se convierte en un mecanismo de control social ni en un castigo encubierto al uso del coche privado. “Les invito a que salgan de sus casas y transiten por las calles de nuestra ciudad sin temor a que les sancionen a diestro y siniestro. Esa es la libertad que nos va a garantizar esta ordenanza”, ha afirmado Ortolá, defendiendo una ciudad pensada para las personas, no para las imposiciones ideológicas.
Además, la nueva ordenanza también contempla un ambicioso plan de mejora del transporte público, ligado al nuevo contrato de transporte. Gracias a esta inversión, se incrementarán las frecuencias, se ampliarán líneas y los vehículos serán más eficientes y menos contaminantes, sin que ello suponga un coste adicional para los castellonenses. En palabras de Ortolá, “el gobierno de esta ciudad vela por los derechos de los vecinos, y especialmente por una movilidad que no criminalice al conductor, sino que respete el equilibrio entre sostenibilidad y libertad”.
Ortolá ha dejado claro que allí donde gobierna Vox se protege a los ciudadanos frente al abuso normativo y las imposiciones ideológicas. A diferencia de otras ciudades en las que las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en auténticos muros que expulsan a trabajadores, comerciantes y familias del centro, en Castellón se apuesta por una ciudad limpia, sí, pero también libre. No aceptamos un ecologismo dogmático que impone restricciones sin ofrecer alternativas reales. Vamos a conseguir un Castellón limpio pero libre, sin prohibiciones ideológicas y sin políticas que castiguen al ciudadano”.
