Los eurodiputados de VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, han dado un nuevo paso en su firme batalla por la libertad en todos los países de la Iberosfera, enviando una carta a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en la que alertan del grave riesgo de fraude electoral en Honduras y denuncian la complicidad de Bruselas al seguir financiando a regímenes autoritarios.
VOX advierte que el Gobierno de Xiomara Castro, dirigido en la sombra por su marido y expresidente Manuel “Mel” Zelaya, está siguiendo el manual chavista para perpetuarse en el poder: control total de las instituciones, persecución a la oposición y periodistas, y hostigamiento a los garantes de unas elecciones libres como Cosette López, consejera principal del Consejo Nacional Electoral.
“La UE no puede ser cómplice de un fraude anunciado. Ni un euro más para gobiernos que atacan la democracia y los derechos fundamentales en todos los países de la Iberosfera”, han advertido Tertsch y Martín Frías.
VOX exige la suspensión inmediata de toda financiación europea a Honduras, la imposición de sanciones selectivas contra los responsables de socavar la independencia electoral y una observación internacional real, que impida a Castro y Zelaya legitimar un resultado manipulado.
Esta denuncia se suma a la intensa labor de VOX en el Parlamento Europeo, donde Tertsch y Martín Frías lideran la defensa de la democracia en todos los países de la Iberosfera, denunciando la injerencia del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, y exigiendo que la UE rompa cualquier colaboración con regímenes que pisotean los derechos humanos a través de Disenso, de la Carta de Madrid o como diputados en el Parlamento Europeo.
La denuncia de VOX es clara: la Unión Europea tiene que decidir si va a seguir financiando regímenes autoritarios en la Iberosfera o si por fin reconoce que allí donde se impone el socialismo solo deja hambre, represión y muerte. Lo vemos en Cuba, con presos políticos y represión brutal; en Venezuela, con saqueo, corrupción y éxodo masivo; en Nicaragua, con expulsión de organismos internacionales, persecución religiosa y una policía política al servicio del terror; en Colombia, donde el Gobierno de Gustavo Petro pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda la región; en Bolivia, con un poder judicial controlado para perseguir a la oposición o en Chile, donde Boric alimenta la agenda globalista mientras la inseguridad se dispara.