Sesión de debate y votación de proposiciones no de ley en la comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
1º Sobre la soberanía de datos de carácter personal y el fraude a los consumidores en el comercio electrónico.
Autor: VOX
Voto VOX: Sí
Enlace nota de prensa.
2º Relativa al fomento de las tecnologías cuánticas en España
Autor: PSOE
Voto VOX: Abstención
El diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha denunciado durante su intervención en la Comisión de Economía que la proposición no de ley presentada por el PSOE sobre ciencia y tecnología cuántica es “una PNL teórica que se presenta en un escenario en el que hay que potenciar la transferencia tecnológica, la especialización productiva y la formación de talento”. Sáez ha recordado que el Quantum Index Report 2025 del Massachusetts Institute of Technology señala que España sufre “fragmentación de esfuerzos, débil transferencia tecnológica, escasez de inversión privada de gran escala y fuga de talento”, lo que demuestra que “España tiene bases, pero carece de una masa crítica de ecosistema cuántico madura”. El diputado ha reprochado al Gobierno que presuma de una estrategia dotada con 808 millones de euros de fondos públicos “que en realidad proceden de fondos FEDER y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuya ejecución —ha recordado— “apenas alcanza el 31,8 % en pagos realizados”. Sáez ha lamentado que el Ejecutivo “ni fomenta la inversión privada ni sabe utilizar los fondos públicos” y ha reclamado medidas fiscales concretas, como “bonificaciones en el impuesto sobre sociedades a quienes contraten personal investigador en el ámbito cuántico”. Finalmente, ha recordado que “los diputados de VOX en Europa trabajan para defender los intereses de los españoles, mientras los del Partido Popular llegan a acuerdos con los socialistas, votando lo mismo en el 91 % de las ocasiones”.
3º Sobre la regulación de la retirada de instalaciones de cableado en desuso en redes de telecomunicaciones
Autor: PSOE
Voto VOX: No
El diputado de VOX por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha denunciado durante su intervención en comisión que la actual Ley General de Telecomunicaciones vulnera el derecho de propiedad privada al permitir a los operadores “efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyen redes públicas de comunicaciones electrónicas”, sin contar con el consentimiento de los propietarios. Rodríguez ha criticado que “quienes han generado este problema dando tantas prerrogativas a los operadores proponen ahora una solución sin ningún tipo de autocrítica ni petición de perdón”, y ha advertido de que ni la proposición no de ley debatida ni la enmienda del Partido Popular “dicen nada sobre la prerrogativa de los operadores que han creado, que es el origen de este problema”. El diputado ha defendido que no se trata de una cuestión económica ni municipal, sino “de una cuestión de protección y respeto al derecho de propiedad privada”, y ha subrayado que “lo más importante es poner el foco en quien está viendo vulnerado su derecho de propiedad: los titulares de los inmuebles”.
4º Relativa a los bloqueos indiscriminados de páginas web por La Liga y Movistar
Autor: BNG
Voto VOX: No
El diputado de VOX por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha defendido en comisión la legitimidad de las actuaciones judiciales contra la piratería digital y ha denunciado la hipocresía de quienes pretenden “proteger a las multinacionales tecnológicas sin escrúpulos”. En respuesta al portavoz del BNG, Rodríguez ha recordado que “no es verdad que empresas privadas bloqueen o actúen por su cuenta; quien lo está haciendo es el Poder Judicial, con actuaciones legítimas y bajo tutela judicial”, subrayando que los bloqueos “son proporcionales, acotados en el tiempo y siempre después de la constatación de emisiones ilícitas”. Ha señalado a Kloffler como “cooperador necesario para que el 38 % de la piratería de La Liga” se produzca, y ha denunciado que la propia empresa “reconoce en su informe anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ser conocedora de que será objeto de procedimientos penales” y que “no le preocupan las actividades ilícitas que se realicen en sus plataformas, sino solo sus previsiones de ingresos”. Rodríguez ha lamentado que se presente una proposición no de ley “para proteger a estas multinacionales tecnológicas dispuestas a cualquier cosa por aumentar el beneficio de su negocio” y ha concluido recordando que “afortunadamente hay una institución, que es La Liga, que legítimamente defiende sus intereses y es punta de lanza para combatir el tráfico ilícito en plataformas tecnológicas que podría ser cualquier cosa, desde la pedofilia a cualquier otra”.
5º Relativa a la inseguridad jurídica generada por el Gobierno de España en la implantación de la factura electrónica
Autor: PP
Voto VOX: Sí
La diputada de VOX por Barcelona, Carina Mejías, ha advertido en comisión que la implantación de la factura electrónica obligatoria puede convertirse en “un instrumento de control, fiscalización y persecución por parte del Gobierno”, en lugar de una herramienta de modernización para las pequeñas y medianas empresas. Mejías ha señalado que “las pymes y los autónomos se encuentran en una situación de fiscalidad difícil” y que el proceso “está generando una enorme incertidumbre y preocupación en todo el tejido productivo”, debido al incumplimiento de los plazos fijados por el propio Ejecutivo y a la “falta de seguridad jurídica y claridad” que impide a las empresas planificar sus obligaciones. La diputada ha denunciado la ausencia de “ayudas específicas ni planes de apoyo económico o técnico” que faciliten la transición desde la facturación manual, así como “el riesgo de sanciones que ejerce una presión enorme sobre las empresas”. También ha advertido de la desigualdad territorial que genera la medida, recordando que “no es lo mismo una empresa en un entorno urbano que una en el medio rural, con infraestructura tecnológica limitada”. Mejías ha criticado “la falta de diálogo y de liderazgo del Gobierno” y ha reclamado “más seguridad jurídica, apoyos específicos, periodos transitorios sin sanciones y un verdadero diálogo con los sectores afectados”, subrayando el escepticismo de VOX ante una digitalización que “el Gobierno está utilizando como herramienta de control y persecución a los autónomos y a las pequeñas empresas”.
6º Para mejorar el marco regulatorio en España
Autor: PP
Voto VOX: Sí
La diputada de VOX por Barcelona, Carina Mejías, ha defendido en comisión la necesidad de implantar un mecanismo sistemático de evaluación del impacto normativo ex post para poner fin al crecimiento descontrolado de la burocracia y mejorar la calidad legislativa en España. Mejías ha denunciado que “seguimos atrapados en un marco regulatorio que crece sin control, que genera duplicidades, retrasos y costes innecesarios, muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos”, y ha advertido que “no lo vamos a resolver mientras sigamos legislando sin control y sin establecer verdaderas herramientas de revisión”. La diputada ha subrayado que “no basta con aprobar leyes bien intencionadas, sino que hay que comprobar con datos si cumplen los objetivos para los que nacieron o si se convierten en un lastre”, y ha propuesto un sistema que permita “medir de forma periódica y transparente los efectos reales de cada norma, identificar las que generan cargas excesivas y corregirlas con agilidad”. Mejías ha insistido en que “legislar bien es tan importante como legislar rápido” y ha reclamado “un compromiso firme para que cada norma sea evaluada, cada obligación esté justificada y cada trámite responda a una necesidad real”. “No podemos seguir hablando de simplificar como un eslogan vacío —ha concluido—. Simplificar es gobernar mejor, y gobernar mejor no es una opción, es una obligación con todos los españoles.”
7º Para la protección de los consumidores frente al fraude en los pagos
Autor: ERC
Voto VOX: No
El diputado de VOX por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha advertido en comisión de los graves riesgos para la privacidad y la libertad individual que supondría la supervisión masiva de redes sociales y servicios de mensajería con la excusa de combatir el fraude en los sistemas de cobros y pagos. Rodríguez ha comenzado señalando que “no es lo mismo consumidor que usuario”, corrigiendo la confusión terminológica de la iniciativa y de las enmiendas del PP y del PSOE. Si bien ha afirmado compartir el objetivo de luchar contra el fraude, ha subrayado que “lo que no podemos compartir desde VOX son los medios que pretenden usar para combatirlo”. En este sentido, ha recordado que “Mark Zuckerberg reconoció en agosto de 2024 haber cedido a las presiones de la Administración Biden para censurar contenido en Facebook e Instagram con un claro sesgo ideológico”, y ha alertado de que “esa sería una herramienta muy peligrosa, especialmente en manos de un gobierno socialcomunista como el que tenemos”. Rodríguez ha denunciado que la “supervisión de redes de mensajería significa leer y escuchar todos los mensajes”, vulnerando el secreto de las comunicaciones, y ha rechazado también la propuesta de crear un fondo de garantía financiado por el sector financiero, advirtiendo que “quien acabará pagando esos costes serán los clientes, especialmente los de menor liquidez”. El diputado ha concluido reiterando que “invadir masiva y sistemáticamente la privacidad de los mensajes, vulnerando el secreto de las comunicaciones, no es un medio aceptable para el fin que se pretende”.
8º Sobre medidas para recuperar la inversión extranjera en España
Autor: PP
Voto VOX: Sí
El diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha expresado en comisión el apoyo de su grupo a las medidas destinadas a recuperar la inversión extranjera en España, al tiempo que ha defendido una batería de enmiendas de VOX para reducir la carga fiscal, simplificar la regulación y fomentar el retorno del capital nacional. Sáez ha señalado que “proponer un marco regulatorio estable, dar certidumbre a los inversores o poner el foco en la productividad y la competitividad son propuestas positivas que cuentan con nuestro apoyo”, y ha subrayado que VOX propone “una reducción inmediata de la fiscalidad empresarial, bajar el tipo del impuesto sobre sociedades y rebajar cotizaciones sociales, así como eliminar normativa superflua, agilizar licencias y reducir plazos de autorización”. Además, el diputado ha destacado la importancia de “incentivos al retorno de empresas y capitales españoles, facilitar la deslocalización inversa y la repatriación de sedes mediante exenciones fiscales, amortización acelerada y subvenciones para la inversión productiva en territorio nacional”. Sáez ha defendido que “la inversión es garantía de continuidad de las empresas, de crecimiento, de creación de empleo de calidad y de expansión internacional”, y ha reafirmado que VOX “defiende incentivos fiscales a la inversión y a la reinversión de beneficios y plusvalías, así como la reducción del impuesto sobre sociedades para favorecer el crecimiento de las empresas y atraer los beneficios generados por las compañías españolas en el exterior”. “Debemos proteger el tejido empresarial español —ha concluido—, en el que las pymes y los autónomos son una parte importantísima y cuentan con todo nuestro apoyo. Así somos en VOX.”
9º Para garantizar la plena titularidad pública de la SAREB y la movilización de sus activos al servicio del interés general
Autor: Sumar
Voto VOX: No
La diputada de VOX por Barcelona, Carina Mejías, ha denunciado en comisión la “enorme contradicción” de Sumar al proponer que el Estado asuma la gestión de la Sareb, “cuando acaban de pedir la dimisión de la ministra de Vivienda por incompetente”. Mejías ha advertido que “el Estado ha demostrado ser un pésimo gestor en materia de vivienda”, recordando que “el PSOE ha prometido hasta dos millones de viviendas en los últimos veinte años y solo en esta legislatura el Gobierno ha prometido 184.000 de las que seguimos sin ver ni una”. La diputada ha subrayado que la Sareb “ha contribuido a expulsar a inquilinos y ha especulado con los precios”, y ha cuestionado que convertirla al 100 % en pública “solo supondrá más deuda, más carga sobre los contribuyentes y más dinero público destinado a tapar agujeros sin resolver el problema de fondo”. Mejías ha reprochado además a Sumar que pretenda “eliminar la colaboración privada” y “romper contratos con empresas”, lo que sería “jurídicamente problemático y conllevaría más pérdidas millonarias”. En su intervención, ha reclamado “rigor, planificación y diálogo con todos los actores que pueden facilitar el acceso a la vivienda”, y ha defendido que “la Sareb no puede convertirse en un instrumento partidista ni en un pozo sin fondo de dinero público, sino en una herramienta eficaz para facilitar el acceso a la vivienda de quienes realmente lo necesitan”.