El Grupo Municipal VOX ha impulsado la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva con el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva para la creación del servicio de asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles.
Se cumple así uno de los compromisos que VOX exigió al equipo de Gobierno en el acuerdo de investidura y que llevó en su programa electoral, tal y como ha recordado Wenceslao Font, valorando la firma del convenio como respuesta a “una importante medida exigida por VOX, que seguía pendiente y que motivó que fuera objeto de una nueva moción en el Pleno del 26 de septiembre”.
No obstante, aunque es un avance importante, el edil ha advertido que no es suficiente: “El convenio firmado hoy es sólo un primer paso y vamos a exigir más medios y más presupuesto”.
Según ha subrayado el concejal, “VOX cumple su palabra: este servicio es fruto de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con los vecinos de Huelva. La ocupación ilegal es un problema real que genera miedo, inseguridad y desprotección. Por eso exigimos soluciones prácticas, no titulares”.
Además, Wenceslao Font ha destacado que “esta medida demuestra que el trabajo serio y constante de VOX en las instituciones tiene resultados concretos para los ciudadanos. Otros partidos miran hacia otro lado, pero nosotros defendemos el derecho a la propiedad y la seguridad de los onubenses, que estaban esperando una respuesta desde hace años”.
Desde el Grupo Municipal VOX se insiste en que, mientras el Gobierno central no adopte medidas definitivas, el Ayuntamiento, como administración más cercana, debe actuar mediante la puesta en marcha de este servicio de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas.
Tal y como valora el portavoz, el problema de la ocupación es “una tragedia” y “una lacra que azota a numerosas familias de Huelva que se sienten desamparadas tras años de lucha y de desgaste”. Incluso, en palabras de Wenceslao Font, “algunas sienten miedo y son víctimas directas que han visto afectadas sus vidas por la usurpación de su vivienda y otras padecen este problema al convivir en la misma calle o bloque con ocupas”.
Además, Font Briones ha destacado que el miedo a alquilar una vivienda por temor a que sea ocupada de forma ilegal agrava aún más la falta de oferta que padece la capital, donde es necesario construir más vivienda social para favorecer el acceso al mercado a las familias con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad.
Desde VOX también se viene advirtiendo de otro fenómeno que cada vez está ganando más terreno: el de la inquiocupación, que se refiere a aquellos inquilinos que han entrado en una vivienda con un contrato de alquiler y que, después de unos meses, dejan de pagar, tal y como viene denunciado desde hace ya años la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
“Desde VOX llevamos prácticamente desde nuestra creación reclamando a nivel nacional una solución definitiva de este problema, y que va a requerir medidas que vayan desde reformar el código penal hasta el de construir más vivienda social; endureciendo, eso sí, las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal, así como agilizando el proceso de desahucio de ocupas”, recuerda el concejal.
Pero, mientras esto no ocurra y como Administración más cercana al ciudadano, “consideramos que el Ayuntamiento debe dar respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema”.
Por ello, desde que VOX entró en el Ayuntamiento de la capital ha venido denunciado mediante distintas acciones y de forma reiterada los problemas derivados de la ocupación ilegal de viviendas en algunos barrios de la capital, como Huerta Mena, el Matadero, Molino de la Vega, Isla Chica, el Centro de la ciudad; la Casita Blanca de Feafes; o la calle Tharsis, entre las barriadas del Carmen y Dolores.
