El diputado de VOX por Zaragoza, Pedro Fernández, ha tomado la palabra tras la comparecencia del Defensor del Pueblo en la comisión mixta para las relaciones con del Defensor del Pueblo para reprochar al titular de la institución su falta de iniciativa real ante el que considera uno de los mayores problemas sociales del país: el acceso a una vivienda digna. Fernández ha comenzado reconociendo algunas afirmaciones del defensor, como que el problema de la vivienda “viene de lejos, que es estructural, es multicausal o multifactorial”, pero advirtiendo de inmediato que esta gravedad no se corresponde con la actividad de la oficina. Tras revisar la web oficial, ha denunciado que “obtenemos como respuesta solamente tres informes monográficos relacionados con la vivienda en las últimas décadas”, lo que considera una señal evidente de inactividad e incoherencia institucional.
El diputado ha subrayado que esta falta de acción contrasta con otras prioridades polémicas del Defensor del Pueblo, señalando el “informe estrella sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica”, mientras que la vivienda sí figura entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía desde hace años. Esta desproporción, ha afirmado, “indica que el señor defensor se encuentra algo alejado de la realidad de los españoles” y de sus problemas más urgentes.
Fernández ha advertido de que la vivienda no es solo un problema económico, sino también un fenómeno que afecta al bienestar emocional, familiar y social, tal como también señalan organismos internacionales. Por ello, ha defendido que España vive “un incumplimiento sistemático” del mandato del artículo 47 de la Constitución, mientras los precios del alquiler aumentan y las políticas públicas siguen estancadas. Ha enfatizado que los problemas de acceso a la vivienda “no es una cuestión meramente tangible, es un elemento de infelicidad personal, familiar y social”, recordando que miles de hogares destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda.
El diputado ha instado directamente al Defensor del Pueblo a abandonar su inactividad y a iniciar de forma inmediata un trabajo serio, profundo y monográfico sobre la vivienda en España: “Esperamos que esta comparecencia pueda servir como una oportunidad para activar actuaciones… un informe actualizado que ponga encima de la mesa de verdad la preocupación del Defensor”. Asimismo, le ha pedido dejar atrás “sesgos ideológicos” que le llevan a dedicar recursos a asuntos alejados de las prioridades reales del país, remarcando que “usted es el defensor del pueblo y el pueblo le está reclamando que actúe en su nombre”.
En el turno de réplica, Pedro Fernández ha celebrado que el Defensor del Pueblo haya aceptado la propuesta de VOX para elaborar un informe monográfico sobre el acceso a la vivienda, afirmando que “me quedo con lo positivo” y que le alegra que el defensor “haya cogido el guante”. No obstante, ha señalado la necesidad de resolver primero “el debate sobre si informe primero o primero diagnóstico”, y ha insistido en que cualquier estudio serio debe comenzar determinando “dónde fallan las administraciones públicas” y “cuál es la responsabilidad del gobierno estatal en haber llegado a esta situación”. El diputado ha subrayado que un diagnóstico “sincero y honesto” exige exponer de forma clara y directa las causas que han provocado el grave problema de acceso a la vivienda en España.
2ª comparecencia
El diputado de VOX por Zaragoza, Pedro Fernández, ha intervenido tras la segunda comparecencia de Gabilondo para denunciar la gravedad de los fallos del sistema de seguimiento telemático de medidas de alejamiento y la responsabilidad del Gobierno, especialmente del Ministerio de Igualdad, en la gestión deficiente de un dispositivo que debería proteger de forma efectiva a las víctimas.
Fernández ha recordado que “es un deber del Estado la protección de todos los españoles, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad”, subrayando que las pulseras telemáticas debían “constituir una herramienta de protección real”, pero que la realidad demuestra lo contrario. Los fallos acumulados evidencian, según el diputado, “la incapacidad manifiesta de este gobierno y especialmente del Ministerio de Igualdad para gestionar cualquier tipo de medida en relación con la protección de las víctimas”.
Durante su intervención, ha citado la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que alertó de fallos tan graves que han provocado “sobresedimientos provisionales o fallos absolutorios por la imposibilidad de acreditar los incumplimientos”. Ha leído literalmente el informe: “la imposibilidad de que el centro cometa facilite información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados… lo que supone de facto la pérdida de un elemento probatorio… y aboca a una sentencia absolutoria”. A ello se suman —recordó— los avisos del Consejo General del Poder Judicial sobre “errores en la geolocalización, pérdidas de cobertura, baterías defectuosas” y otros fallos que hacen el sistema vulnerable a manipulación.
El diputado ha destacado también los testimonios de la Guardia Civil y de la unidad VioGén, que han constatado que muchas mujeres “habían devuelto las pulseras por falta de confianza en su eficacia”, así como la denuncia de un técnico que habría descrito la situación como un “desastre total”. A ello se une que “varias fiscalías señalan lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas”, lo que en algunos casos lleva a solicitar la retirada del dispositivo.
Fernández ha reprochado al Defensor del Pueblo haber afirmado que no existe un cuestionamiento general del sistema, señalando que esta conclusión solo puede adoptarse si se dispone de datos precisos: “cuántas resoluciones de archivo y sobresedimiento y cuántas sentencias absolutorias se han producido como consecuencia de los fallos del sistema”. Si no cuenta con esa información —ha advertido— su afirmación sería “bastante atrevida”.
Por ello, ha exigido claridad y transparencia institucional, preguntando directamente al Defensor si “va a instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Justicia” a proporcionar toda la información necesaria. Ha recordado que estos fallos “pueden ser tecnológicos”, pero detrás hay “un gobernante, un cargo público” que debe asumir responsabilidades. La rendición de cuentas, ha afirmado, es imprescindible para determinar si debe actuarse contra “algún ministerio, un cargo público o algún alto funcionario”.
En su turno de réplica, Pedro Fernández ha reprochado al Defensor del Pueblo la falta de coherencia en su valoración sobre los fallos de las pulseras telemáticas, recordándole que “si usted dice que el Defensor del Pueblo no está para enjuiciar y al mismo tiempo dice que los fallos del sistema no han cuestionado en general todo el dispositivo… pues está usted enjuiciando”. Asimismo, ha insistido en exigir claridad y transparencia, preguntando directamente si “va a reclamar la información… sobre esas resoluciones de sobresedimiento y sentencias absolutorias como consecuencia de los fallos técnicos”, y ha advertido de que el Defensor debe actuar “con rigor”, reclamándole que “mantenga el respeto hacia esta señoría en futuras sesiones” tras haberle atribuido expresiones que Fernández ha aclarado que jamás pronunció.