La diputada del Grupo Parlamentario VOX, Patricia Rueda ha denunciado la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones como una medida ideológica, recaudatoria y profundamente injusta que castiga a las familias trabajadoras de España. Durante la defensa de su proposición no de ley en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la diputada por Málaga ha señalado que estas restricciones “maquilladas de verde” responden a la agenda dictada desde Bruselas por socialistas y populares, unida en coalición, y que su aplicación limita la movilidad de quienes necesitan su vehículo para trabajar, llevar a sus hijos al colegio, acudir al médico o sostener su negocio.
Rueda ha recordado que comercios como los de Granada ya han sufrido una caída del 82% en ventas tras la implantación de las ZBE, y que PP y PSOE no ofrecen alternativas reales: ni aparcamientos disuasorios, ni lanzaderas, ni una señalización clara. “Es un ataque directo a la libertad de movimiento recogida en el artículo 139.2 de la Constitución”, afirmó la diputada, criticando que populares y socialistas voten lo mismo en Bruselas y en Madrid, alineados con la misma agenda verde que perjudica a los españoles.
La diputada malagueña ha explicado que VOX está dando la batalla política y jurídica frente a estas imposiciones, logrando que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase la ZBE antes de que el PP recurriese para mantener su afán recaudatorio. Rueda denunció que en Málaga el Ayuntamiento popular prevé ingresar 11 millones de euros en multas que saldrán del bolsillo de las familias más vulnerables, incapaces de comprarse un coche nuevo mientras luchan por llegar a fin de mes. Además, señaló la falta de humanidad de PP y PSOE al imponer sanciones que afectarán a enfermos de cáncer que acuden al Hospital Civil, a autónomos repartidores, a jubiladas con pensiones bajas y a miles de ciudadanos que dependen del vehículo para su vida diaria. Rueda exigió la inmediata revocación de las ZBE y de la tasa de basuras, que calificó como “otra imposición confiscatoria”, y reivindicó que “solo VOX defiende la libertad, la movilidad y la prosperidad de los españoles”.
La iniciativa no ha prosperado debido a que sólo VOX ha votado a favor mientras que el PP se ha abstenido y el Gobierno y el resto de sus socios han votando en contra.