El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal VOX para exigir la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026, tras el voto en contra de la izquierda y la abstención del PP.
La iniciativa fue defendida por la portavoz de VOX, Nieva Machín, quien alertó de que se trata de “una imposición obligatoria única en España”, inexistente en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia o Portugal.
Durante su intervención, Machín denunció el agravio que sufren los conductores españoles frente a los extranjeros: “millones de vehículos extranjeros circularán por nuestras carreteras sin esta baliza y, al parecer, no suponen ningún peligro”, mientras que “el conductor español […] ese sí tiene que comprar el dispositivo, llevarlo cargado, homologado, conectado y, si no, 80 euros de multa”. Para la portavoz de VOX, esta situación responde a “una seguridad vial muy peculiar: seguridad para unos, sanciones para otros”.
La portavoz municipal puso en cuestión la base técnica de la medida, subrayando que “no existen estudios independientes concluyentes que acrediten su eficacia real” y que no ha sido probada “en condiciones de lluvia intensa, niebla, nieve o baja visibilidad”. Además, advirtió de los problemas de conectividad del sistema, recordando que “hay tramos enteros de carreteras españolas sin cobertura… e incluso zonas urbanas”.
Machín alertó también de que la baliza V16 sustituye a un sistema que sí funcionaba, como los triángulos de emergencia, y de un riesgo especialmente grave para la seguridad: “la baliza V16 incentiva que el conductor permanezca dentro del vehículo mientras espera asistencia”, lo que “contradice frontalmente todos los protocolos nacionales e internacionales de seguridad vial”.
Desde VOX Móstoles lamentan que PP e izquierda hayan decidido alinearse con esta imposición estatal y dar la espalda a los conductores. “Esto ni es seguridad, ni es prevención. Esto es improvisación, chapuza, afán recaudatorio y castigo al ciudadano”, afirmó Machín, quien defendió que lo razonable es “suspender la obligatoriedad, permitir alternativas y no imponer más costes innecesarios a las familias”, en lugar de avalar una decisión que “no viene impuesta por la Unión Europea” y carece de “una justificación técnica sólida”.
