VOX exige suprimir el gasto que supone la Oficina de Expresidentes de la Junta

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, demanda la eliminación de la Oficina de Expresidentes de la Junta, ya que supone el “mayor gasto político prescindible de la Cámara”.

El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura ha solicitado, en la primera reunión de la Mesa de la Cámara con presencia de VOX, la eliminación completa de la Oficina de Expresidentes de la Junta, así como la eliminación de todos sus gastos adscritos, con el objetivo de reducir gasto político innecesario.

Aunque esta oficina fue disuelta oficialmente, sigue existiendo en la práctica al amparo del artículo 24 de la Ley 1/2014, que permite a la Asamblea asumir los gastos en medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta tras su cese, así como dietas y gastos derivados de actos de representación.

Fernández Calle ha subrayado que la propia redacción de la ley otorga a la Mesa de la Asamblea un amplio margen de actuación, lo que permite reducir drásticamente, o incluso suprimir por completo, estos gastos sin necesidad inmediata de una reforma legislativa.

En la actualidad, esta estructura cuenta con ocho puestos eventuales, entre secretarios y conductores, lo que supone un coste anual de casi 336.000 euros, una cifra que Fernández Calle considera “injustificada y que supone el mayor gasto político prescindible, puesto que no aporta ningún beneficio a los extremeños y responde únicamente a privilegios políticos”, ha señalado el portavoz de VOX.

Además de solicitar la supresión inmediata de esta oficina, el Grupo Parlamentario VOX Extremadura ha anunciado que estudiará la modificación de la Ley 1/2014 para eliminar los apartados que permiten estos privilegios, con el fin de evitar que los expresidentes de la Junta sigan disfrutando de recursos públicos de por vida.

Desde VOX insisten en que el dinero público debe destinarse a servicios esenciales y a mejorar la vida de los ciudadanos, no a mantener “estructuras políticas superfluas ni privilegios heredados del bipartidismo”.