El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Torrent ha registrado esta misma mañana una moción – que se debatirá en el Pleno el próximo mes de abril – para rechazar pública y frontalmente el anuncio de regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes ilegales que el pasado 26 de enero hizo el gobierno de Sánchez mediante Real Decreto, eludiendo deliberadamente el debate y la votación en el Congreso de los Diputados.
Para VOX, esta decisión constituye un grave fraude democrático, un ataque directo al principio de legalidad y una agresión al Estado del Bienestar de los españoles que, lejos de resolver ningún problema, consolida un modelo fracasado que premia a quien incumple la ley y castiga a quien la respeta.
La portavoz de VOX en Torrent, María Fernández, ha sido contundente: “Esta regularización no es una medida humanitaria, es una decisión política deliberada que pone en riesgo la convivencia, la seguridad y los recursos de los españoles. No vamos a ser cómplices del desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar”.
La moción presentada por VOX señala que la dinámica histórica por parte del PP y PSOE de regularizaciones masivas – seis desde 1985 y que entre todas ellas suman 1,2 millones de inmigrantes legalizados – generan un efecto llamada permanente, debilitan el principio de legalidad, incrementan la inseguridad, y sobrecargan de manera terminal los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la vivienda, la educación y los servicios sociales. “Esta medida responde a un evidente interés de Sánchez por alterar el censo electoral y avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”, ha denunciado la portavoz de VOX en Torrent, reiterando que “mientras miles de familias españolas no pueden acceder a una vivienda, nuestros jóvenes no encuentran empleo estable y nuestros mayores ven cómo se deteriora la sanidad pública, ahora el Gobierno decide regularizar a más de medio millón de personas que han entrado o permanecido en España al margen de la ley”.
El Grupo Municipal VOX Torrent alega que España se encuentra ante una emergencia habitacional sin precedentes, una emergencia de inseguridad en nuestras calles, una emergencia en el acceso al empleo y en las condiciones laborales y una emergencia en el acceso a los servicios públicos esenciales. En consecuencia, y ante esta situación, “España debe adoptar una política migratoria clara, ordenada y subordinada exclusivamente al interés nacional, a la capacidad real de integración y a las necesidades del mercado laboral español”, ha reivindicado la portavoz.
En esta misma línea, María Fernández reclama: “El mensaje debe ser claro: en España la ley se cumple. No puede convertirse en norma que quien entra ilegalmente en nuestro país termine regularizado. Eso es injusto, irresponsable y profundamente lesivo para nuestra Nación”, ha concluido la portavoz.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Torrent insta al Pleno de la Corporación a que manifieste una oposición frontal a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación ilegal promovida por el Consejo de Ministros; una auditoría detallada de todas las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años, contemplando la repatriación de quienes hayan entrado ilegalmente en España e incluyendo el retorno de los menores extranjeros no acompañados junto a sus progenitores a sus países de origen; la expulsión de inmigrantes – tanto en situación legal como irregular – que cometan delitos, rechacen integrarse en la cultura nacional o pretendan imponer la propia; que se establezca prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y a los servicios públicos; que se implemente una política migratoria firme y ordenada, ajustada a las necesidades del mercado laboral, así como eliminar la figura del arraigo como vía para regularizar a quienes hayan accedido ilegalmente y reformar la normativa para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular.
El Grupo Municipal VOX Torrent reitera su compromiso con la seguridad, la convivencia, la defensa de los servicios públicos y la prioridad de los españoles en su propia tierra.
