El Grupo Municipal de VOX ha registrado una moción para el Pleno ordinario de marzo en la que pide al equipo de gobierno del PP que el estacionamiento regulado (ORA) se destine a ordenar el espacio público y no como mecanismo recaudatorio del Ayuntamiento de Granada.
Mónica Rodríguez Gallego, viceportavoz de VOX, ha reclamado a Marifrán Carazo que «deje de criminalizar a los propietarios de vehículos privados que necesitan hacer uso de su coche en Granada, ya que los ha castigado con la imposición de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un impuesto de circulación entre los más altos de Andalucía y la eliminación de plazas de aparcamiento «.
Tal y como ha denunciado VOX desde el comienzo del presente mandato, «el PP ha ampliado el número de plazas de estacionamiento regulado -ORA o zona azul- de una forma exponencial y sin diálogo ni consenso con la mayoría de los residentes de las zonas afectadas en distritos como Beiro, Ronda, Centro, Zaidín y Genil», ha recordado Mónica Rodríguez Gallego, para quien «el PP se empeña en penalizar el uso del vehículo privado sin mejorar el transporte público».
Puntos de acuerdo de la moción.
VOX ha registrado una moción que se defenderá el próximo 27 de marzo en el Pleno para que el equipo de gobierno se comprometa a:
Primero.- Declarar que el estacionamiento regulado únicamente puede justificarse como instrumento de ordenación del espacio público y de gestión de la rotación, y no como mecanismo estructural de financiación municipal, instando a que su diseño y aplicación respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación, evitando cualquier desviación hacia fines esencialmente recaudatorios.
Segundo.- Exigir la acreditación de que la ampliación de la zona de estacionamiento regulado aprobada en este mandato se sustentaba en estudios técnicos objetivos así como establecer mecanismos obligatorios de revisión periódica y reversibilidad para evaluar la efectividad de la medida.
Tercero.- Rechazar cualquier configuración del estacionamiento regulado que produzca discriminación directa o indirecta por razón de renta, barrio, lugar de residencia o tipo de vehículo, garantizando una protección efectiva del residente —especialmente en barrios no céntricos o con insuficiente transporte público— y evitando que la movilidad cotidiana quede condicionada a la capacidad económica.
Cuarto.- Instar a que las tarifas se ajusten estrictamente al coste real del servicio y a la finalidad de rotación, evitando su utilización como instrumento de presión económica, diferenciando con claridad el régimen tarifario del régimen sancionador, y asegurando la neutralidad económica de los sistemas de pago digital sin comisiones ni costes añadidos.
Quinto.- Evitar la extensión indiscriminada del estacionamiento regulado en el tiempo y en el espacio, así como la eliminación de plazas en superficie sin alternativa funcional previa, y reforzar la transparencia mediante la publicación periódica de datos desagregados de ocupación, recaudación, costes y sanciones, que permitan evaluar su eficacia real y descartar su utilización como instrumento de restricción generalizada de la movilidad.
