Este jueves se ha celebrado en el Congreso la comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que ha comparecido su presidenta, Enriqueta Chicano.
En primer lugar, ha intervenido el diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, que ha puesto el foco de su turno de palabra en la problemática ligada al gasto autonómico: “Las comunidades autónomas han incrementado su presupuesto de gastos un 122,7% en los últimos 20 años y deben llevar a cabo un análisis profundo de su gasto”.
Así, Sáez ha denunciado que lo datos de empleo en el sector autonómico siguen registrando fuertes subidas: “En términos interanuales, los empleos no financieros del subsector comunidades autónomas se han incrementado en el ejercicio 2022 un 6,21%. Y es que el empleo no financiero de las comunidades autónomas ha aumentado aproximadamente entre un 25 y un 35 % en los últimos 20 años”.
Finalmente, ha subrayado que el sector autonómico cobra “gran relevancia” en la estructuración actual de España, sin embargo, tiene “debilidades estructurales en materia de control, transparencia y eficiencia”: “La respuesta no puede ser la inacción. Es necesario avanzar hacia una mayor homogeneización normativa”.
Tras Sáez ha intervenido el diputado de VOX por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, para recordar el desajuste presupuestario con el que conviven las regiones: “En la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas señala que el resultado presupuestario está sobrevalorado en 437 millones de euros. Pero lo verdaderamente relevante no es la cifra, siendo ya muy importante. Lo relevante es que existen obligaciones no reconocidas por más de 3.700 millones de euros, es decir, gasto real que no está correctamente reflejado en las cuentas públicas”.
“Si acudimos a La Rioja, el patrón apenas cambia. Activos financieros sobrevalorados en torno a 62 millones de euros, acreedores infravalorados en más de 80 millones y ausencia de provisiones pese a la existencia de responsabilidades judiciales potenciales y numerosos procedimientos en curso que se deberían reflejar”, ha añadido.
Aizcorbe ha sostenido que la repetición del patrón indica que “la explicación ya no puede ser solo coyuntural, empieza a ser estructural y eso tiene un efecto claro: diluye responsabilidades. Porque cuando la gestión se fragmenta, cuando el control es desigual”.
Por ello, ha subrayado que “estamos ante un modelo que está fallando en algo esencial, el control del dinero público”.
Finalmente, ha cargado contra la política de actuaciones de entidades estatales como Paradores: “según el Tribunal de Cuentas, se siguen produciendo nombramientos y ceses sin la motivación exigible ni el debido soporte documental”.
“La gestión de lo público exige ejemplaridad, rigor, responsabilidad. Exige que las recomendaciones no queden archivadas, sino que se ejecuten. Porque cuando los incumplimientos se repiten en el tiempo dejan de ser errores. Y el error, posiblemente, está en el sistema”, ha concluido.