VOX ha logrado paralizar el plan inmigracionista impulsado por el gobierno de Pere Granados después de que el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Salou, Paul Daniel Axinte, pusiera de manifiesto un posible conflicto de intereses por parte de la concejal responsable del área de Interculturalidad, Elena Zhukova, que cuenta con un despacho profesional vinculado a trámites de extranjería.
Axinte ha señalado que, por prudencia y por respeto a la transparencia institucional, este plan no podía seguir por «consagrar el compromiso del Ayuntamiento de Salou para fomentar la invasión migratoria» y por todas las dudas existentes, recordando que la concejal impulsora desarrolla una actividad privada en el mismo ámbito que regula desde el Ayuntamiento, lo que genera una coincidencia evidente entre su responsabilidad pública y su actividad profesional que, como mínimo, debe ser analizada con rigor.
Desde VOX también se ha criticado el contenido del documento, al considerar que se trata de un plan de «destrucción demográfica», elaborado por una consultora externa, que no parte de un diagnóstico real del municipio y que ignora problemas fundamentales como la seguridad, la vivienda o la presión sobre los servicios públicos. En este sentido, Axinte ha advertido que el propio plan reconoce la fuerte presión de la inmigración en Salou, con cifras que reflejan una transformación estructural de la población, con más de un 40% de población extranjera y con un 50% de jóvenes extranjeros: «en pocos meses, los jóvenes españoles ya serán minoría en Salou».
Asimismo, ha señalado que el documento apuesta por más burocracia, más gasto y más estructuras administrativas en lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas que ya perciben los vecinos, lo que demuestra una desconexión evidente entre el contenido del plan y la realidad del municipio.
Axinte ha concluido afirmando que «considera bochornoso el uso de las instituciones para oscuros intereses» y ha anunciado que VOX seguirá fiscalizando la acción del gobierno local para asegurar que ninguna política pública pueda verse condicionada por intereses particulares y para defender con firmeza los intereses de los vecinos de Salou.
