La diputada de VOX por Murcia, Lourdes Méndez Monasterio, ha defendido hoy en la comisión Constitucional la proposición no de ley presentada por su grupo parlamentario en defensa de la libertad de expresión, advirtiendo de que España se encuentra ante “una erosión progresiva y deliberada de un derecho fundamental”.
Durante su intervención, Méndez ha advertido de que “no estamos ante un debate menor, sino ante la disyuntiva de si España seguirá siendo una democracia plena o si el poder político decidirá qué se puede decir, pensar o cuestionar”, denunciando lo que ha calificado como “una concepción disolvente y totalitaria de la libertad de expresión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”.
La diputada ha criticado la existencia de lo que considera “un doble uso perverso” de este derecho: por un lado, su utilización para amparar conductas que ha calificado de “apología de la violencia, injurias contra España y ataques a sus símbolos”; y por otro, su restricción mediante “leyes ideológicas y mecanismos sancionadores administrativos que sustituyen el control judicial por la arbitrariedad del poder político”.
Méndez ha alertado de la creación de un “sistema de vigilancia ideológica” bajo conceptos como desinformación, discurso de odio o protección de menores, que en su opinión “está generando autocensura en ciudadanos, docentes y medios de comunicación”. Asimismo, ha advertido de que se está normalizando “la cancelación de debates y la expulsión del espacio público de opiniones legítimas por no encajar en el pensamiento dominante”.
En este contexto, ha defendido que la libertad de expresión “no es negociable” y ha subrayado que su restricción debe ser “excepcional, proporcional y siempre sometida al control de los jueces”, en línea con la Constitución.
La diputada ha rechazado también la utilización de la educación y las redes sociales como instrumentos de “adoctrinamiento ideológico”, denunciando lo que ha descrito como la imposición de “dogmas progresistas como la ideología de género o la Agenda 2030” mediante sanciones y regulación administrativa.
Finalmente, Méndez ha concluido que la proposición no de ley de VOX busca garantizar que “ningún español sea perseguido por sus opiniones, que los docentes puedan enseñar sin imposiciones ideológicas y que las redes sociales no se conviertan en espacios vigilados por el poder político”, advirtiendo de que “las libertades no se pierden de golpe, sino paso a paso”, y llamando a la Cámara a “frenar una deriva que debilita directamente la democracia”.