Las Cortes de Aragón han aprobado la iniciativa de VOX para rechazar la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes ilegales en España (unos 17.000 en Aragón), para lo que VOX ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular. Esta propuesta incluye también instar al Gobierno central a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente, así como de menas, devolviéndolos con sus padres y a sus países de origen.
El diputado de VOX, David Arranz, ha denunciado que el proceso de regularizaciones masivas de inmigración ilegal “ha debilitado el principio de legalidad”, trasladando el mensaje de que “el incumplimiento de la ley termina siendo premiado”. Algo que “margina a quienes cumplen los procedimientos legales”. “Dificulta la labor de la Policía, incrementando la inseguridad en nuestras calles y deteriora la convivencia vecinal”, ha desgranado.
Al mismo tiempo, ha incidido en que “la inmigración masiva sobrecarga y colapsa los servicios públicos esenciales”, como es el caso de la sanidad, educación, seguridad o el transporte. “Se eleva exponencialmente la presión sobre la demanda de vivienda y ayudas al alquiler, y aumenta el gasto de todas las administraciones públicas”, ha ampliado.
Arranz ha alertado del “interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles”. Una circunstancia que “hipoteca gravemente el futuro, la seguridad y la prosperidad de los nacionales”. Ha tildado de “fraude y un absurdo esa supuesta necesidad imprescindible de recibir millones de inmigrantes para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y de nuestro estado de bienestar”.
Ha mencionado al informe sobre el coste de la inmigración de la Fundación Disenso que “demuestran con datos que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava”. “No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva, mientras tenemos millones de parados españoles, casi 3 millones, y cientos de miles de parados extranjeros”, ha valorado.
Arranz ha criticado que el Gobierno central “ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. En este escenario, ha analizado que “los españoles padecen una profunda emergencia social y económica, con cada vez menos poder adquisitivo, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad y abandonados a la inseguridad y a la falta de infraestructuras”. “El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando el futuro de todos. Debemos defender la prioridad nacional para revertir esta situación”, ha resumido.
Durante su explicación de voto, Arranz ha hecho referencia a la noticia conocida en las últimas horas de que “el colectivo que más aumenta de inmigrantes llegados a España es del de los mayores de 54 años”. “¿Vienen a trabajar y pagarnos las pensiones, o vienen a vivir de las ayudas de aquí y encima pretenden cobrar una pensión de España?”, ha reflexionado.
