El diputado de VOX por Zaragoza, Pedro Fernández, ha criticado el informe anual presentado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, acusando a la institución de diseñar un documento que diluye y resta importancia a los problemas estructurales que verdaderamente asedian a los ciudadanos. Fernández ha señalado que “un informe de esta naturaleza no puede limitarse a una mera recopilación burocrática de quejas, sino que constituye un termómetro político clave que debe reflejar la realidad social del país”. En este sentido, el parlamentario ha denunciado dos graves deficiencias en la gestión del defensor: la alarmante falta de relevancia otorgada a la crisis habitacional y la total omisión de la corrupción política e institucional que salpica directamente al entorno del Gobierno de la nación.
Fernández ha calificado de «insuficiencia flagrante» el tratamiento que el informe da al acceso a la vivienda, consolidado desde 2025 como la principal preocupación de los españoles. Además, ha afeado al defensor del pueblo que esta problemática haya quedado relegada a un subapartado secundario de la actividad administrativa, en lugar de figurar de forma unánime entre los temas destacados del año. «La imagen que se traslada a la ciudadanía es de absoluta indiferencia, enviando un mensaje contradictorio que minimiza un problema que no ha dejado de intensificarse», ha subrayado.
Por otro lado, el representante de VOX ha tachado de «carencia intolerable» el mutismo del informe respecto a la degradación institucional y los escándalos de corrupción económica y política que acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fernández ha recordado que el artículo 54 de la Constitución obliga al Defensor del Pueblo a supervisar la objetividad y la transparencia de las administraciones, por lo que su «silencio proactivo» ante tramas de enorme alarma social como el ‘caso Koldo-Ábalos’ resulta incomprensible. El diputado ha hecho hincapié en que la ciudadanía tiene derecho a conocer el posicionamiento de la institución sobre el uso fraudulento de contratos de emergencia durante la pandemia, las investigaciones judiciales que afectan a familiares del presidente, las recientes informaciones sobre el expresidente Rodríguez Zapatero, o la reiterada rebeldía del Gobierno a cumplir con los requerimientos del Consejo de Transparencia respecto al uso de bienes públicos como el avión Falcon.
Finalmente, el diputado ha lanzado una batería de preguntas directas al Defensor del Pueblo, exigiéndole que aclare si ha iniciado alguna actuación de oficio ante estos atropellos democráticos o si, por el contrario, su inacción responde a una voluntad de protección política. Fernández ha advertido que cuando las instituciones miran hacia otro lado ante la existencia de redes de influencia y privilegios, no solo se dañan las arcas públicas, sino que se destruye la credibilidad del sistema y se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Por ello, ha instado a la oficina del Defensor a abandonar su perfil puramente administrativo, recuperar su independencia y asumir una actitud proactiva en la defensa de la integridad del Estado frente a los abusos del poder.