VOX Avilés ha denunciado este miércoles que la reforma de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) impulsada por el Gobierno del Principado confirma que la declaración de zonas tensionadas nunca tuvo como objetivo resolver el problema de acceso a la vivienda, sino avanzar hacia una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario.
La portavoz de VOX Avilés, Arancha Martínez, recordó que su formación ya advirtió de las consecuencias que tendrían estas políticas cuando el Gobierno municipal defendió la declaración de zonas tensionadas en La Magdalena. “A pesar de que el Gobierno socialcomunista de Avilés nos vendió las supuestas bondades de las zonas tensionadas como una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, hoy comprobamos que aquello era solo la antesala para otorgar a la Administración un poder cada vez mayor sobre la propiedad privada de los ciudadanos”, subrayó.
Martínez alertó además de que el Ejecutivo autonómico pretende extender esta figura al conjunto del municipio, ampliando todavía más el alcance de unas medidas que han fracasado allí donde se han aplicado.
La portavoz centró buena parte de sus críticas en la intención del Principado de incorporar mecanismos de tanteo y retracto en determinadas operaciones inmobiliarias. “Cuando un propietario quiera vender su vivienda tendrá que comunicarlo a la Administración para que ésta decida si ejerce su derecho preferente de compra frente a otros particulares. Estamos ante un nuevo avance del intervencionismo sobre el mercado de la vivienda que condiciona operaciones privadas, genera inseguridad jurídica y alarga innecesariamente los procedimientos de compraventa”, señaló.
Desde VOX consideran que estas medidas no solucionan los problemas de acceso a la vivienda, sino que reducen la oferta disponible y desincentivan la inversión. “La respuesta del PSOE e Izquierda Unida a los problemas de vivienda siempre es la misma: más control, más burocracia y más intervención. En lugar de facilitar la construcción de nuevas viviendas y reducir trabas, pretenden incrementar el poder de la Administración sobre decisiones que corresponden a los ciudadanos”, añadió la concejal.
La formación también reclama transparencia sobre el coste económico que tendrán estas medidas para los contribuyentes. “El Gobierno habla de comprar viviendas, pero no explica cuántas pretende adquirir, cuánto dinero público piensa destinar a ello ni qué resultados espera obtener. Los avilesinos tienen derecho a conocer cuánto va a costar esta nueva política de intervención en el mercado inmobiliario”, afirmó Martínez.
