El GP VOX en el Congreso ha defendido hoy una iniciativa para revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles. Patricia Rueda, diputada de VOX por Málaga, ha denunciado que esta implantación «no es más que un afán recaudatorio por parte de populares y socialistas», que lo único que consigue es «complicar más la vida de los ciudadanos». Una iniciativa que ha sido rechazada por los populares y socialistas.
Durante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, VOX ha insistido en que las ZBE son inconstitucionales. Primero porque el artículo 19 de la Constitución «habla de la libertad de movimiento sin que existan limitaciones en el territorio español». Y, después, se ha referido al artículo 14, donde se establece la igualdad de los españoles sin que pueda prevalecer discriminación. Sin embargo, ha evidenciado la diputada, «si vives en un municipio de más de 50.000 habitantes o si te tienes que desplazar a otro municipio que no es el tuyo, y resulta que no te has podido comprar un coche de última generación, sencillamente porque no llegas a final de mes, no puedes moverte por tu propia ciudad o no puedes ni siquiera al municipio de al lado».
Así, Rueda ha apuntado a la Agenda 2030 como la causa de la creación de estas zonas: «Es un dislate más de populares y socialistas, que complican y que parece que están alejados de la realidad», ha aseverado. Por ello, la formación solicitaba que «se evite esta Agenda 2030 y que se revoque de manera inmediata esta implantación obligatoria de zona de bajas emisiones en los municipios españoles, así como promover la derogación de la Ley 7.021 de cambio climático y transición energética, por su impacto negativo en las formas de vida tradicionales de los vecinos de los municipios afectados».