El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Ávila ha exigido al equipo de Gobierno explicaciones inmediatas y la apertura de una investigación interna tras conocer, a través de la información facilitada en las comisiones de Urbanismo y Servicios Sociales celebradas los días 16 y 17 de junio, que un edificio ocupado ilegalmente dispone actualmente de un suministro activo de «agua de obra».
Desde VOX recuerdan que tanto el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua como los protocolos de la empresa concesionaria, Aqualia, establecen una serie de requisitos de obligado cumplimiento para la concesión de este tipo de suministros, entre ellos la existencia de una licencia municipal de obras en vigor y la acreditación de la titularidad legítima del inmueble.
La formación considera especialmente grave que un edificio ocupado ilegalmente pueda disponer de un suministro cuya concesión exige necesariamente la previa tramitación y validación de documentación municipal, por lo que reclama conocer qué procedimiento administrativo se ha seguido, quién autorizó la correspondiente licencia y qué documentación sirvió de base para dar de alta el servicio.
Exigencia de transparencia y cumplimiento de las normativas municipales
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Laura García, ha manifestado su profunda indignación ante lo que califica como un «agravio comparativo inaceptable» para los ciudadanos abulenses: «Es una falta de respeto absoluta hacia los miles de abulenses que cumplen con sus obligaciones fiscales y legales ver cómo un edificio ocupado ilegalmente disponga de un suministro de agua de obra mientras ellos deben cumplir escrupulosamente cada requisito exigido por la normativa».
«Si para conceder este suministro era necesaria una licencia municipal y la acreditación de la propiedad, el Ayuntamiento tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia cómo se ha producido esta situación y quién asumió la responsabilidad de autorizarla», ha añadido.
Permisividad institucional frente al fenómeno de la okupación
La portavoz ha señalado además que “el equipo de Gobierno de PorÁvila continúa aplicando políticas alineadas con la izquierda más radical, que lejos de combatir el fenómeno de la ocupación ilegal, terminan favoreciendo su consolidación”. La formación considera que la permisividad institucional y la falta de actuaciones contundentes envían un mensaje equivocado a quienes vulneran la ley, mientras son los vecinos quienes sufren directamente las consecuencias de estas políticas, soportando problemas de convivencia, inseguridad, deterioro de los inmuebles y una creciente sensación de abandono por parte de las administraciones públicas.
«No vamos a permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda. La ley debe aplicarse a todos por igual y, si se ha producido alguna irregularidad, exigiremos que se depuren todas las responsabilidades, tanto políticas como administrativas», ha concluido la portavoz.
Desde el Grupo Municipal reiteran firmemente su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección de los propietarios y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
