El diputado de VOX Pablo Sáez ha denunciado hoy en el Pleno del Congreso la situación económica «inasumible» en la que el Gobierno ha sumido a España. Y lo ha hecho, ha dicho, sin aumentar los límites de endeudamiento, «pero creando un endeudamiento que no cuenta dentro de esos límites». «El resultado económico es exactamente el mismo y es más deuda», ha asegurado, antes de mostrar su preocupación porque «si cualquier necesidad financiera puede resolverse mediante una habilitación extraordinaria separada de los límites ordinarios, los límites dejan de serlo y pasan a ser una mera referencia contable».
El diputado ha recordado que la AIREF pide más transparencia, sin embargo, «el Gobierno utiliza la fórmula menos transparente, que es la del Real Decreto Ley». Y «mientras la AIREF advierte que las empresas públicas acumulan pasivos equivalentes al 9% del PIB español, el Gobierno vuelve a presentar la deuda como si fuera una solución y no como un problema».
Y así, ha advertido el portavoz de VOX, «la deuda llegará a un 123% del PIB en el año 2050», lo que ha calificado de «inasumible», además en una situación en la que no falta dinero, porque «España recauda hoy más dinero que nunca». Así, «el problema es la falta de control, el despilfarro, la falta de prioridades y la falta de responsabilidad política, y que los sobrecostes y desviaciones se han convertido en una enfermedad crónica de buena parte del sector público».
En resumen, «tenemos un Gobierno que sigue aumentando el tamaño del Estado, el gasto político y los organismos públicos». Además, «nos encontramos con proyectos que se retrasan años y contratos que terminan multiplicando su presupuesto inicial».
Cuentas públicas sostenibles
Frente a ello, lo que propone VOX es «reforzar la transparencia y exigir comparecencias periódicas de los gestores; eliminar los nombramientos por afinidad política y aplicar criterios de mérito, capacidad y experiencia; y reducir el número de consejeros y altos cargos».
También pide «una revisión integral con objeto de identificar aquellas empresas que son realmente estratégicas o esenciales; prohibir las actividades que se perciban como promoción política o ideológica; y establecer mecanismos para exigir a los gestores públicos responsabilidades por la mala gestión o por los sobrecostes».
Y ha pedido «evaluar de forma individualizada los grandes proyectos e inversiones, y reducir los trámites para los ciudadanos y empresas que interactúan con entidades públicas», así como «reforzar los controles internos y externos para luchar contra la corrupción».