El pleno municipal del mes de junio en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado una moción de VOX para instar al Gobierno de España y al Gobierno de CLM a implantar el principio de prioridad nacional. Durante su intervención, el portavoz del Grupo Municipal VOX en Talavera de la Reina, David Moreno, ha subrayado que “es inaceptable que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”.
En ese contexto, Moreno ha defendido que “el actual Estado de bienestar es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos”.
Sin embargo, “dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos”.
En concreto, el edil de VOX en Talavera ha señalado que en el transcurso de los últimos cinco años, España ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de diez millones de residentes de esta naturaleza.
“Las consecuencias de esta deriva han sido tan evidentes como alarmantes, la inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y
además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.
Centrándonos en este último aspecto, “desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la criminalidad ha experimentado un incremento muy significativo en ámbitos de especial gravedad: el tráfico de drogas se ha incrementado en un 60,9%; las agresiones sexuales con penetración en un 215,2%; los delitos contra la libertad sexual en un 56,7%; los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa en un 77,2%; y los delitos graves o menos graves de lesiones y riña tumultuaria en un 72,4%.
Además, Moreno ha detallado que en 2024 la tasa de condenados totales extranjeros fue del doble que la de los españoles. Esta proporción se cumple en los tipos delictivos más graves como el homicidio e incluso aumenta al triple para delitos sexuales o robos.
El 68% de los detenidos por delitos sexuales en el País Vasco en 2025 fueron extranjeros según la propia policía regional vasca. En 2024, tres de cada cuatro detenidos en Barcelona capital por agresión sexual eran extranjeros y el 91% de los condenados en toda Cataluña por violación no tenían nacionalidad española.
Las denominadas «políticas de puertas abiertas» han sido el instrumento de esta deriva, cuyos efectos ya se hacen visibles en la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales que durante generaciones habían vertebrado nuestra convivencia.
Por ello, Moreno ha asegrado que el principio de prioridad nacional “es un elemento muy eficaz para detener la inmigración masiva porque aplicándola a cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación que la favorable que los españoles a través del acceso casi automático a una serie de ayudas y prestaciones sociales”.
Como ejemplo, desde VOX Talavera han criticado que el Gobierno de CLM “prometió 50.000 viviendas, luego 30.000, luego 10.000 y todavía no ha hecho nada”, al tiempo que ha lamentado que en Castilla La Mancha el 85% de los jóvenes menores de 35 años se ven obligados a seguir viviendo con sus padres porque no tienen posibilidades de emancipación o de acceder a una vivienda social una vivienda pública, ni siquiera a un alquiler”.
Para finalizar, Moreno ha insistido en que “es inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas”.
